--:--:-- CLT
Cargando clima...
El proyecto de Ley de Presupuestos 2026 ha encendido el debate en el Congreso, exponiendo profundas grietas en la visión sobre el estado de las finanzas públicas chilenas. Ante la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, presentaron el Estado de la Hacienda Pública y el Informe de Finanzas Públicas del tercer trimestre de 2025. Un ejercicio de rendición de cuentas que, lejos de generar consensos, agudizó las preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal, el ritmo de crecimiento económico y las proyecciones para el próximo ciclo de gobierno.
El Ministro Grau defendió la formulación presupuestaria, señalando que aborda los “dos desafíos centrales del gobierno: los desequilibrios fiscales internos y externos y la baja del crecimiento económico”. Grau aseguró que se ha logrado un «ajuste sin afectar los sectores más vulnerables» y que se han sentado las bases para una mayor expansión económica. Las áreas prioritarias para el gasto de 2026 incluyen salud, pensiones, vivienda, cuidados y educación, junto con un notable incremento en seguridad pública. De hecho, el erario crecería un modesto 1,7% en total, pero con alzas significativas en rubros clave: seguridad pública (16,7%), vivienda (37%) y pensiones (55%). Sin embargo, un anuncio generó inmediata fricción: la eliminación de la «glosa republicana», la reserva de libre disposición que se suele dejar al gobierno entrante para reasignar recursos según su programa.
La presentación, en lugar de calmar los ánimos, desató una andanada de críticas y cuestionamientos desde diversos flancos. El senador Juan Antonio Coloma expresó una postura abiertamente escéptica, advirtiendo sobre el peligro de partir con una «visión exitista» que podría llevar a un presupuesto «equivocado». El foco de su inquietud recayó directamente en la cifra del déficit estructural, que según las últimas estimaciones se ubica en un 2,2%. Coloma puso en duda la precisión de las proyecciones de ingresos del Ejecutivo, señalando que las cifras anteriores no han coincidido con la realidad fiscal. «Qué garantía tenemos de que el gobierno va a acertar, porque los ingresos no han coincidido para nada», increpó el legislador, sumando la pregunta sobre el gasto real (facturado y no facturado) y la ausencia de holguras para la próxima administración.
El senador David Sandoval se sumó a las voces críticas, señalando que el ministro «nos muestra un país que no todo logramos ver». Si bien se ha promocionado un crecimiento económico que no se veía hace tiempo, persisten «profundas dudas» sobre la magnitud del déficit fiscal y el verdadero tamaño de la deuda pública. La exigencia de Sandoval se centró en la transparencia, un pilar fundamental para un debate presupuestario serio. Además, apuntó a una intromisión «inédita» del presidente de la República en un escenario electoral en el marco de la discusión del Presupuesto. Este cruce de visiones subraya una desconfianza latente entre el Ejecutivo y una parte del Legislativo respecto a la base numérica del proyecto.
Otros senadores desviaron la atención hacia las consecuencias territoriales y la calidad del crecimiento. La senadora Yasna Provoste llamó la atención sobre los megaproyectos energéticos y la necesidad de recursos para el desarrollo local, citando el caso de localidades como Diego de Almagro que luchan contra impactos negativos sin el debido soporte. Para Provoste, el Presupuesto debería priorizar la inversión real, los proyectos y la «participación vinculante de las localidades» para impulsar la economía y el empleo, en lugar de centrarse únicamente en recortes fiscales. Por su parte, el senador José Miguel Insulza -interviniendo telemáticamente- si bien reconoció una mejoría respecto a los vaticinios más pesimistas, inquirió sobre el destino de los recursos regionales y las políticas de financiamiento para el creciente segmento de la población envejecida.
Las cifras macroeconómicas también fueron objeto de una mirada crítica. El senador Rodrigo Galilea expresó una profunda preocupación por las tasas de crecimiento proyectadas, las cuales, según su análisis, rondarían el 1,8% y 2% del PIB para el actual gobierno. Una cifra que, a su juicio, deja a Chile creciendo por debajo de la tendencia mundial, lo que debería ser «materia de reflexión». Galilea también manifestó sorpresa por la cifra de creación de 107 mil empleos en tres años, la cual «no parece posible según lo que podemos cotejar con distintos estudios». En esta línea, la senadora y presidenta de la Comisión, Ximena Rincón, recordó que los últimos datos del IMACEC «no son buenos» y que el país no ha logrado «normalizar» su crecimiento, con tasas de informalidad y desempleo que siguen siendo un foco de inquietud. La senadora Rincón también insistió en la necesidad de analizar con detalle la deuda neta (incluyendo fondos soberanos) para tener una discusión informada.
El debate sobre la holgura presupuestaria para el próximo gobierno y los desequilibrios fiscales ocupó un espacio central en la discusión. El senador Luciano Cruz Coke cuestionó directamente la decisión de no contemplar la glosa republicana y consultó sobre las proyecciones de desequilibrios fiscales, además de la recomendación de congelar los reajustes al empleo público. Las palabras del senador Javier Macaya reforzaron la preocupación por la seriedad del debate fiscal. «No es bueno generar expectativas que no se cumplen,» sentenció Macaya, lamentando que la meta del déficit estructural varíe al 2,2%, un factor que «afecta la seriedad del debate».
En contraste, el senador Ricardo Lagos Weber ofreció una «mirada más amplia», valorando el esfuerzo del Ejecutivo en la «contención de la hacienda pública». Para Lagos Weber, el país está mejor de lo que se auguraba, y lo esencial del Presupuesto 2026 es que permita dar continuidad a los avances ya aprobados. Lamentó, eso sí, que el debate se centre en la polémica por la glosa republicana, «en lugar de abordar otros temas más de fondo». Este punto de vista reconoce el esfuerzo de ajuste fiscal que el gobierno ha impulsado para reordenar las cuentas, un objetivo que ha sido ampliamente monitoreado por organismos internacionales y la propia Dirección de Presupuestos (DIPRES) en sus informes trimestrales. La compleja tarea de equilibrar el ajuste fiscal con la necesidad de expansión del gasto social y la inversión para el crecimiento sigue siendo la tensión central de esta discusión.