Portaviones irrumpe en el Caribe: la escalada militar que presiona a Nicolás Maduro
El martes 11 de noviembre no será recordado solo como un día más en el calendario de la lucha global contra el narcotráfico. La llegada del portaaviones nuclear USS Gerald R. Ford a la zona de responsabilidad del Comando Sur de las Fuerzas Navales de Estados Unidos (SOUTHCOM) marcó un umbral inédito de tensión geopolítica en el hemisferio. El coloso naval, el buque de guerra más grande y avanzado del mundo con una dotación de más de cinco mil marineros a bordo, se ha sumado a un despliegue militar que, para una parte significativa de la región, se siente menos como una operación antinarcóticos y más como un cerco estratégico.
La decisión, ordenada hace casi un mes por el presidente Donald Trump, culminó con la entrada de este gigante, acompañado de un grupo de ataque que ya incluía ocho buques de guerra, un submarino nuclear y una flota de aviones de combate F-35. Si bien el Pentágono, en un comunicado oficial, aseguró que el objetivo es «desarticular el tráfico de narcóticos y degradar y desmantelar las organizaciones criminales transnacionales”, el volumen y la sofisticación del hardware desplegado han generado un profundo escepticismo entre analistas y Gobiernos latinoamericanos.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha sido el más vocal al denunciar este movimiento como una estrategia de presión directa orquestada desde Washington para provocar su salida del poder. Caracas no tardó en responder al despliegue con sus propias maniobras militares, que el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, describió como la movilización de “medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos”, involucrando incluso a las Milicias Bolivarianas, escalando peligrosamente el pulso militar en el Caribe.
¿Antidroga o disuasión geopolítica?
La verdadera motivación detrás de esta demostración de fuerza es objeto de intenso debate. La influyente revista británica The Economist señaló recientemente que «pocos… creen que las drogas son el único o incluso el principal objetivo» de la operación, argumentando que el equipo naval desplegado, optimizado para la proyección de poder aéreo, no se ajusta de manera eficiente a la interdicción de lanchas rápidas y narcosubmarinos. En cambio, sugiere el medio, la intención principal sería «inquietar a Maduro, apoyar a la oposición venezolana o incluso incitar un levantamiento dentro de las fuerzas armadas venezolanas».
Este análisis se refuerza con la escalada diplomática previa y sus inusuales incentivos. En agosto, Washington había duplicado la recompensa por información que condujera a la detención de Maduro a 50 millones de dólares, una cifra que, según analistas citados por Radio Universidad de Chile, supera la ofrecida en su momento por la captura de terroristas de alto perfil. La Administración Trump acusa a Maduro de estar vinculado con el narcotráfico y de encabezar el llamado «Cartel de los Soles», una acusación que el mandatario venezolano niega rotundamente, calificándola de «infamia imperialista».
Mientras Estados Unidos insiste en la óptica de la seguridad hemisférica, el riesgo de una escalada regional preocupa incluso a sus aliados más reacios. El asesor presidencial de Brasil, Celso Amorim, una figura cercana al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió sobre las repercusiones de este tipo de movimientos, señalando que “una intervención militar en Venezuela podría fomentar el resentimiento y la radicalización en todo el continente”, un eco de la histórica aversión latinoamericana a la injerencia militar externa. El mensaje desde Brasilia subraya la preocupación por la estabilidad regional ante un operativo de esta magnitud.
Auge récord del tráfico ilícito y la cobertura legal
La base argumental del Pentágono, sin embargo, se cimienta en una realidad innegable: el auge sin precedentes del mercado de la cocaína, que ha convertido el tráfico en un desafío global. Según el Informe Mundial sobre las Drogas 2025 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la producción global de cocaína batió récords, disparándose a 3.708 toneladas en el último periodo medido, con incautaciones mundiales que también alcanzaron un máximo histórico, evidenciando que el crimen organizado transnacional está más activo y poderoso que nunca. Este contexto de crisis de salud y seguridad pública le proporciona a Washington el marco legal perfecto para justificar un despliegue de esta envergadura.
El marco legal que permite el uso de estos recursos militares fue una decisión estratégica de la administración estadounidense al designar a los cárteles latinoamericanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO). Esta clasificación le otorga al gobierno la capacidad de usar recursos militares en el extranjero para «combatir» a estos grupos, difuminando la línea entre la guerra contra las drogas y las operaciones de seguridad nacional en el Caribe.
Las consecuencias de esta política ya son tangibles y letales. El ejército estadounidense ha llevado a cabo, hasta la fecha, al menos 19 ataques dirigidos contra embarcaciones sospechosas de tráfico en el Caribe y el Pacífico, resultando en la muerte de al menos 76 personas. Estos ataques, justificados por Washington como golpes directos al narcotráfico, han levantado serias interrogantes sobre su adecuación al derecho internacional y han sido calificados por grupos de derechos humanos como posibles ejecuciones extrajudiciales, especialmente considerando la falta de un teatro de guerra formal.
Riesgo de la volatilidad hemisférica
La dinámica actual, con el portaaviones USS Gerald R. Ford como epicentro, convierte al Caribe en un polvorín flotante. Más allá de la legítima necesidad de combatir las organizaciones que trafican con drogas, lo que se observa es la materialización de una estrategia de «disuasión activa» que busca la implosión del régimen venezolano a través de la presión militar. El despliegue, que algunos historiadores catalogan como el más grande en la región desde la década de 1960, simboliza un retorno a la confrontación de grandes potencias en aguas que bordean la soberanía de naciones latinoamericanas.
Mientras el Comando Sur insiste en su rol de seguridad regional y lucha contra el tráfico ilícito, la sombra del derrocamiento se cierne sobre Caracas. La comunidad internacional, y en particular los vecinos de Venezuela, observan con cautela cómo un operativo antidroga se ha transformado en un juego de ajedrez militar de alta intensidad.
La pregunta clave que resuena en los círculos de inteligencia y política exterior no es si el USS Gerald R. Ford logrará incautar narcóticos, sino si el coloso naval se retirará sin haber provocado una crisis política o militar de alcances continentales, alterando de forma permanente la arquitectura de seguridad y las relaciones de poder en la región.
