Plan antiencerronas logra una baja histórica del 24% en robos violentos de vehículos
En un giro que ofrece un respiro a la ciudadanía, castigada por la creciente sensación de inseguridad, las cifras oficiales revelan un notable retroceso en uno de los delitos que más ha alterado la vida cotidiana en Chile: el robo violento de vehículos. Los reportes más recientes indican una disminución del 24% a nivel nacional respecto al año anterior, un descenso que, de sostenerse, podría marcar un punto de inflexión en la compleja batalla contra el crimen organizado. Este resultado no es casual, sino el fruto de una serie de ajustes estratégicos y planes operativos que, por primera vez, parecen haber dado en el blanco de las estructuras delictivas.
La merma es particularmente significativa en la Región Metropolitana, epicentro de las «encerronas» y «portonazos» que dominaron la agenda de seguridad por años. Gracias a la labor coordinada de inteligencia policial y el fundamental aporte del Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) de Carabineros, el robo violento de automóviles en la capital ha experimentado una caída del 23% desde la última actualización estratégica implementada en marzo. Las autoridades han sido enfáticas: el éxito radica en una táctica que ha logrado desmantelar facciones del crimen organizado y, crucialmente, golpear el mercado secundario que sostiene este lucrativo negocio ilícito.
El cerebro detrás de esta ofensiva es el denominado Plan Antiencerronas 4.0, un programa que, según el general Jaime Velasco, director de Control de Drogas e Investigación Criminal de Carabineros, ha trascendido la mera reacción policial para integrar «métricas robustas y un análisis de inteligencia criminal de vanguardia». Este enfoque, basado en datos georreferenciados y patrones delictuales, permitió una focalización precisa de los recursos, marcando una diferencia palpable respecto a estrategias anteriores que pecaban de dispersión.
La ofensiva integral contra el crimen organizado
Los logros concretos del Plan 4.0 son elocuentes y reflejan la intensidad del trabajo en terreno. A la fecha, se ha informado la desarticulación de 29 bandas criminales especializadas en este tipo de ilícitos, lo que impacta directamente la capacidad operativa de las redes delictuales. En paralelo, se ha logrado la detención de 194 sujetos directamente involucrados en el robo violento de vehículos, cortando así la continuidad de los ataques. En términos de recuperación, la acción policial ha permitido devolver a sus legítimos dueños 94 vehículos con encargo vigente por robo, una cifra que si bien no compensa la pérdida emocional, sí debilita la economía criminal.
Pero quizás el cambio más relevante del Plan Antiencerronas 4.0 reside en su énfasis por estrangular la cadena de suministro, atacando de raíz el mercado negro de piezas robadas. Por primera vez, la estrategia se concentra en lo que la criminología denomina el «mercado de destino» del delito. Este giro se tradujo en un aumento y una focalización quirúrgica de las fiscalizaciones a talleres clandestinos y desarmadurías, generando importantes hallazgos y un efecto disuasivo clave sobre el negocio.
Las cifras de fiscalización no dejan lugar a dudas sobre la envergadura de la operación: se llevaron a cabo 178 operativos de control, resultando en 2.381 controles de identidad y 4.096 fiscalizaciones vehiculares a establecimientos. Este despliegue masivo en el eslabón final de la cadena de valor criminal ha sido decisivo para desincentivar el robo. Al dificultar la comercialización de las partes, la rentabilidad del delito se desploma, haciendo que el riesgo no valga la pena para las bandas organizadas.
La perspectiva crítica: cautela y continuidad
Para la doctora Antonia Soto, criminóloga y académica de la Universidad Alberto Hurtado, este enfoque es la clave. «El dato más revelador no es la detención, sino la intensificación de las fiscalizaciones al mercado secundario», sostiene Soto. «Esto demuestra que, por fin, se está entendiendo que el robo violento es parte de una cadena de crimen organizado. Si no atacas la salida, es decir, la posibilidad de vender lo robado, el ciclo se mantiene. La disminución del 24% sugiere que golpear la rentabilidad ha sido más efectivo que solo aumentar la presencia en la calle», señala, poniendo el acento en la necesidad de sostener esta presión en el tiempo.
Desde la óptica gubernamental, la subsecretaria Carolina Leitao afirmó que la lucha contra este flagelo sigue siendo una «prioridad ineludible» para el Ministerio de Seguridad, no solo por el daño patrimonial, sino por la profunda afectación psicológica que produce en las víctimas y el uso frecuente de armas que eleva el riesgo vital. La batalla, subraya, se debe a una estrategia que ha mutado constantemente, incorporando tecnología de punta y adaptándose a las dinámicas delictuales.
Sin embargo, el optimismo debe ser cauto. Juan Pérez, presidente de la Agrupación de Víctimas de Portonazos del Maipo, aunque celebra las cifras, llama a la desconfianza ante el posible efecto «globo» de la delincuencia, donde el delito se desplaza a otras zonas o formatos. “Vemos una luz, sí, pero la tranquilidad no regresa de la noche a la mañana. La gente sigue con miedo, y si el plan funciona, debe ser una política de Estado que se mantenga en el tiempo, sin importar el gobierno de turno. Necesitamos ver que estas bandas desarticuladas no se vuelvan a formar en un mes”, enfatizó Pérez, articulando el sentir de muchas comunidades.
Innovación tecnológica y el desafío pendiente
El éxito del plan ha dependido también de la modernización de los instrumentos de persecución. Se ha relevado el uso intensivo del programa SITIA (Sistema Táctico de Intervención Operacional y Análisis), una herramienta tecnológica que permite a las policías georreferenciar los puntos calientes y redistribuir los patrullajes preventivos en «zonas críticas». A esto se suma la colaboración público-privada, que ha sido fundamental en la instalación de cámaras o pórticos de lectura de patentes en rutas clave, agilizando la persecución del delito en flagrancia y la identificación de vehículos encargados por robo.
Esta sinergia entre inteligencia, tecnología y represión focalizada al mercado es lo que ha permitido obtener estos resultados inéditos, que superan la lógica del patrullaje a ciegas. No obstante, el desafío pendiente es la dimensión judicial. Si bien la policía detiene y desarticula, la eficacia de la estrategia se mide en la capacidad del sistema penal de condenar y mantener a raya a los líderes de estas estructuras. Mientras las penas no sean ejemplificadoras y el sistema no pueda gestionar la complejidad de la prueba en casos de crimen organizado, el riesgo de recidiva se mantendrá latente.
La baja en los indicadores, por lo tanto, es un valioso termómetro que mide la efectividad de una política pública bien diseñada, pero no es el final de la historia. La delincuencia es un fenómeno dinámico que muta constantemente, y la ciudadanía de Chile espera que las estrategias implementadas no solo se sostengan, sino que se perfeccionen para enfrentar los nuevos desafíos que, inevitablemente, surgirán. La independencia y profundidad del análisis exigen reconocer el avance, pero también el largo camino que aún queda por recorrer para que la seguridad deje de ser una prioridad y se convierta en un derecho garantizado.
