Mark Kelly: senador demócrata en la mira del Pentágono por crítica a Trump
La cúpula del Pentágono inicia una investigación sin precedentes contra el senador Mark Kelly por llamar a las Fuerzas Armadas a desobedecer “órdenes ilegales” de la Casa Blanca. El inédito conflicto pone a prueba la estructura legal y democrática de Estados Unidos, en medio de la creciente militarización interna.
La tensión entre el poder político y la institucionalidad militar en Estados Unidos ha alcanzado un punto crítico. Este lunes, el Departamento de Defensa encendió la alarma al anunciar la apertura de una investigación formal contra el senador demócrata por Arizona, Mark Kelly, bajo graves cargos de mala conducta. La medida, publicada en un escueto comunicado en la red social X, eleva la posibilidad de someter al excapitán de la Marina y exastronauta de la NASA a un consejo de guerra.
La acción del Pentágono no es casual, sino una respuesta directa a la confrontación iniciada la semana pasada. Kelly es parte de un grupo de seis legisladores demócratas, todos ellos con prestigiosas carreras previas en el servicio militar o de inteligencia, que difundieron un video instando a los uniformados a ejercer su juicio constitucional. El mensaje central fue tajante: los miembros de las Fuerzas Armadas “pueden negarse a acatar órdenes ilegales”.
Esta advertencia pública, emitida por figuras de alto perfil con credenciales intachables, fue interpretada por la administración del presidente Donald Trump como un acto de subversión. El examen minucioso de las acusaciones por parte de las autoridades militares, que contempla la inusual opción de llamar a Kelly a “servicio activo para un procedimiento de corte marcial o medidas administrativas”, transforma una disputa política en un dilema legal y ético de proporciones históricas.
El juramento a la Constitución en disputa
Los legisladores demócratas argumentan en su video que la actual Casa Blanca está forzando un quiebre fundamental: enfrentar a sus propios militares y profesionales de inteligencia “contra los ciudadanos estadounidenses”. El senador Kelly, personalmente, enfatizó que “Nuestras leyes son claras. Puedes rechazar órdenes ilegales”. El conflicto se centra precisamente en esa delgada línea que separa la obediencia estricta del deber constitucional.
La doctrina militar estadounidense, recogida en el Código Uniforme de Justicia Militar (UCMJ) , establece que las órdenes de un superior se presumen legales y deben ser obedecidas. No obstante, el mismo código consagra el principio de que los militares tienen el deber intrínseco de desobedecer cualquier orden que sea manifiestamente ilegal o que viole la Constitución, el mismo documento al que juraron defender. Este matiz legal es el que ahora el Pentágono busca delimitar.
La indignación en el ala republicana no se hizo esperar. El propio presidente Trump, utilizando mayúsculas en sus publicaciones en redes sociales, elevó la apuesta al calificar el llamado de los demócratas como “comportamiento sedicioso, que se castiga con la muerte”. La retórica presidencial apuntó a encarcelar a los “traidores” que osaron cuestionar la autoridad del comandante en jefe, polarizando aún más el debate sobre el rol de las Fuerzas Armadas en la política doméstica.
Militarización interna y el choque judicial
Aunque los legisladores evitaron detallar a qué órdenes específicas se referían, el contexto político y las críticas constantes hacia el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el presidente Trump sugieren dos focos de controversia específicos que podrían considerarse potencialmente ilegales. El primero es la alarmante militarización de las ciudades estadounidenses.
El gobierno republicano ha ordenado el despliegue de la Guardia Nacional en urbes como Washington D.C. y Los Ángeles para, según el argumento oficial, controlar supuestos disturbios. Estos despliegues se han efectuado en muchos casos contra la expresa voluntad de las autoridades locales y gobernadores, generando un profundo choque jurídico. Un ejemplo crucial y contingentemente relevante es el fallo de un tribunal federal que, en septiembre de este año (2025), declaró ilegal el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles, lo que sienta un precedente legal directo a favor de la tesis de los congresistas.
El segundo foco de tensión es el uso de las fuerzas armadas fuera de territorio continental para operaciones que rozan lo policial, como la disposición presidencial de ejecutar ataques contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes en el Mar Caribe y el Pacífico oriental. Estas operaciones, que han dejado un saldo de 83 muertos desde principios de septiembre, son criticadas por constitucionalistas que cuestionan la legalidad de emplear recursos militares, que por ley están limitados por la Ley Posse Comitatus, en tareas de aplicación de la ley sin la debida justificación de insurrección o emergencia.
Un riesgo político de alto calibre
El trasfondo del asedio a Mark Kelly va más allá de un simple conflicto disciplinario. El senador por Arizona, quien ha ocupado su escaño desde 2020, posee un currículum que resuena con una parte del electorado: piloto de combate condecorado y una figura reconocida de la NASA. Su participación en el video le confiere una autoridad moral particular ante los militares.
Para el Partido Demócrata, la figura de Kelly es vista como una de las estrellas emergentes con miras a las elecciones presidenciales de 2028. Convertirlo en el epicentro de un potencial consejo de guerra, un proceso que podría despojarlo de sus honores militares, representa un movimiento de altísimo riesgo para la administración Trump.
La investigación del Pentágono, más que una simple revisión de conducta, se perfila como un pulso directo sobre la lealtad de las instituciones armadas y la interpretación de los límites del poder ejecutivo. Es un test definitivo para la democracia estadounidense, observada con preocupación desde Chile y el resto del mundo, sobre hasta qué punto se permite la militarización de la política interna antes de que el juramento a la Constitución se doblegue ante la obediencia al líder de turno.
