Maduro alerta a la ONU sobre escalada de amenazas y bloqueo naval de Estados Unidos
El tablero geopolítico de América Latina enfrenta una de sus horas más críticas tras el recrudecimiento de las hostilidades diplomáticas y económicas entre Washington y Caracas. En una reciente comunicación telefónica que encendió las alarmas en los organismos internacionales, el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, contactó al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, para denunciar formalmente lo que califica como una «escalada de amenazas» sin precedentes por parte de la administración de Donald Trump. El detonante: el anuncio de un «bloqueo total» sobre buques petroleros vinculados al gobierno bolivariano.
La tensión alcanzó un punto de ebullición luego de que la Casa Blanca endureciera su postura respecto al flujo de crudo venezolano, principal pulmón financiero del país caribeño. Durante la conversación con Guterres, Maduro manifestó su rechazo categórico a las declaraciones de su homólogo estadounidense, quien sugirió que los recursos naturales y el territorio venezolano estaban bajo la órbita de intereses norteamericanos. Para el Palacio de Miraflores, estas palabras no solo son una provocación retórica, sino un atentado directo contra el derecho internacional y la paz regional.
Este nuevo capítulo de la crisis venezolana se enmarca en un escenario de asedio que, según la cancillería venezolana, incluye componentes políticos, diplomáticos y militares. La preocupación de Maduro radica en la intensificación de las operaciones aeronavales de Estados Unidos en el mar Caribe, un despliegue que Caracas interpreta como el preámbulo de una intervención de mayor escala o, al menos, como un ejercicio de «piratería moderna» destinado a estrangular definitivamente su economía.
El fantasma de una confrontación estéril
Ante la gravedad del reclamo, la respuesta de António Guterres fue cautelosa pero enfática en la necesidad de la distensión. El diplomático portugués advirtió que cualquier tipo de enfrentamiento armado en la región carecería de justificación alguna y resultaría «estéril», trayendo consigo consecuencias devastadoras para la estabilidad de América Latina y el Caribe, zonas históricamente declaradas como territorios de paz. Guterres se comprometió a realizar un seguimiento exhaustivo de la situación para promover canales que eviten un desenlace violento.
No obstante, las acciones en el terreno parecen ir en la dirección opuesta al diálogo. El pasado 10 de diciembre, militares estadounidenses incautaron un buque cisterna cargado con cerca de dos millones de barriles de crudo que acababa de zarpar de puertos venezolanos. Esta operación, amparada por las sanciones del Departamento del Tesoro, fue descrita por el gobierno de Maduro como un «robo descarado» en aguas internacionales, exacerbando la sensación de vulnerabilidad de las rutas comerciales del país.
Por su parte, Donald Trump ha justificado este bloqueo total argumentando que los ingresos derivados de estos yacimientos, a los que tilda de «robados», son utilizados por el gobierno de Maduro para financiar actividades ilícitas que van desde el narcoterrorismo hasta la trata de personas. Esta narrativa de «seguridad nacional» es la que sostiene la arquitectura de sanciones que hoy tiene a la región en vilo y que ha forzado a los organismos multilaterales a intentar una mediación que parece, por ahora, insuficiente.
Perspectivas cruzadas y el costo de la intransigencia
Analistas internacionales coinciden en que la estrategia de presión máxima de Washington busca forzar un quiebre interno en las fuerzas armadas venezolanas a través del colapso logístico. Sin embargo, para expertos como el internacionalista Mariano de Alba, este tipo de medidas de bloqueo naval suelen tener un impacto humanitario colateral que agrava la ya compleja crisis de suministros en el país, sin garantizar necesariamente un cambio político inmediato, mientras aumenta el riesgo de incidentes accidentales entre armadas en el Caribe.
Desde la perspectiva del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), el despliegue estadounidense no solo busca contener a Caracas, sino también enviar una señal de advertencia a socios externos como Rusia e Irán, quienes han sido facilitadores clave en el transporte de crudo venezolano. Esta triangulación de intereses convierte el conflicto en una disputa que trasciende las fronteras continentales, insertando a Venezuela en una lógica de nueva «Guerra Fría» donde el petróleo es el botín y la soberanía el escudo discursivo.
Mientras tanto, la comunidad internacional observa con escepticismo la posibilidad de una salida negociada a corto plazo. La retórica de Trump, centrada en la «recuperación» de los recursos venezolanos para un eventual gobierno de transición, choca frontalmente con la narrativa de resistencia de Maduro, quien utiliza estas amenazas para cohesionar su base política interna bajo la bandera del antiimperialismo. El escenario queda así a merced de la efectividad que pueda tener la mediación de la ONU en un contexto donde el lenguaje de las sanciones y los bloqueos parece haber reemplazado al de la diplomacia tradicional.
