Impuesto francés del 1,2 % a plataformas como Spotify y Apple Music: estos resultados trajo

Desde el comienzo de 2024, Francia ha puesto a prueba un modelo fiscal poco convencional en el ámbito musical: una tasa del 1,2 % sobre los ingresos que generan en territorio nacional los servicios de streaming que superan los 20 millones de euros de facturación. Plataformas como Spotify, Deezer y Apple Music están obligadas a pagar este gravamen, independientemente de que el usuario acceda a un plan de suscripción o a la modalidad gratuita con publicidad.

El objetivo, según el Ministerio de Cultura francés, no es financiar la gestión del Centre National de la Musique (CNM), cuya financiación proviene del Estado, sino crear un fondo destinado exclusivamente a la creatividad y a la diversidad musical. “El 100 % de la recaudación será reinvertida en la industria, apoyando a músicos, sellos y promotores que enfrentan dificultades para sobrevivir en un mercado dominado por grandes conglomerados” explicó la portavoz del ministerio, Marie Catherine Foulon, en una entrevista concedida a Le Monde el pasado febrero.

Impacto económico del primer año

Los datos publicados por el CNM revelan que, durante el año 2024, la tasa recaudó aproximadamente 10 millones de euros, cifra que quedó por debajo de la estimación gubernamental de 15 millones. Aun así, la recaudación resultó suficiente para financiar cientos de proyectos, particularmente en géneros que históricamente han sido marginados por los algoritmos de recomendación y la lógica de mercado.

Entre los beneficiarios destacan iniciativas de música clásica, chanson y jazz. El sello independiente Harmonia Mundi recibió una subvención de 150 mil euros para la producción de un ciclo de conciertos de música barroca en varias ciudades de la región de Nouvelle‑Aquitaine. De manera paralela, la asociación Jazz À Tout Prix utilizó 80 mil euros para organizar una gira de quintetos emergentes por áreas rurales del Occidente francés, donde el acceso a recitales en vivo es escaso.

Reacciones de la industria del streaming

Las principales plataformas de streaming no tardaron en manifestar su descontento. Antoine Monin, director de Spotify Francia, acusó a la medida de “una carga excesiva que coloca a los servicios de streaming europeos en desventaja frente a sus contrapartes estadounidenses”. Su comentario fue recogido por Les Échos, que señaló que Spotify ya había ajustado sus precios en el país, incorporando la nueva tasa al costo de los planes premium.

Deezer, por su parte, argumentó que la imposición fiscal supera el nivel de gravamen aplicado a formatos tradicionales como los discos compactos o los vinilos. “Estamos frente a una distorsión que penaliza la innovación digital y favorece de manera injusta a los soportes físicos”, afirmó la portavoz de la compañía, Camille Durand, en una rueda de prensa celebrada en París.

Una política complementaria: remuneración mínima

La tasa de streaming se inserta dentro de un marco regulatorio más amplio que Francia introdujo en 2022: la remuneración mínima garantizada para los artistas que distribuyen su obra en plataformas digitales. Esta norma, supervisada por la Sociedad de Autores, Compositores y Editores de Música (SACEM), establece un ingreso base que los servicios deben pagar por reproducción, asegurando que los creadores reciban una compensación digna aun cuando su música no genere grandes volúmenes de streaming.

Según datos de la SACEM, más de 12 000 artistas se han beneficiado de esta política, lo que ha contribuido a estabilizar los ingresos de músicos independientes que, de otro modo, dependerían exclusivamente de los algoritmos de recomendación. “La combinación de la tasa y la remuneración mínima crea una red de seguridad que protege la diversidad cultural”, subrayó el presidente de la SACEM, Frédéric Miller, en un comunicado publicado en su sitio oficial.

Lecciones para otros mercados

El caso francés muestra que, si bien una tasa de streaming no resuelve todas las problemáticas estructurales de la industria musical, sí genera un fondo público que puede dirigirse de manera estratégica a los sectores más vulnerables. Tras sólo un año de aplicación, el mecanismo ha permitido la puesta en marcha de proyectos que probablemente no se habrían materializado sin esa ayuda financiera.

Expertos de la Escuela de Economía de la Universidad de París 1 Panthéon‑Sorbonne argumentan que la experiencia francesa podría servir de modelo para otras naciones que buscan equilibrar la balanza entre los gigantes tecnológicos y la producción cultural local. “La clave está en destinar el 100 % de la recaudación a iniciativas artísticas y garantizar una transparencia total en la asignación de fondos”, concluye la economista Marie‑Claire Dupont en su artículo de Le Figaro Économie.

La política fiscal francesa, pese a sus limitaciones y críticas, ha demostrado que la intervención estatal bien diseñada puede aportar recursos valiosos al ecosistema musical, reforzando géneros menos comerciales y fomentando la diversidad cultural. Para Chile, donde la industria musical también enfrenta retos de financiamiento y concentración, observar de cerca los resultados franceses podría inspirar reformas que concilien la innovación tecnológica con la sostenibilidad de los artistas locales.