Fiscalía Nacional Económica acusa a Pluxee y Edenred de colusión por reparto de mercado de vales de alimentación y vestuario durante ocho años

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) llevó este lunes un expediente ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) contra Pluxee Chile S.A., la empresa que sustituyó a Sodexo en el país, y Edenred Chile S.A., dos de los principales proveedores de vales de alimentación y vestuario. El caso, que se abre a la luz de una denuncia de colusión que abarcaría casi una década, tiene como eje central la supuesta concertación de cuotas de mercado y la asignación de zonas geográficas entre ambas compañías entre marzo de 2013 y octubre de 2021.

Según el documento presentado por la FNE, Pluxee y Edenred dejaron de competir en licitaciones tanto del sector público como privado, con el fin de preservar su base de clientes y evitar la entrada de competidores. En el periodo investigado, ambas organizaciones concentraban más del 80 % del mercado chileno de beneficios alimenticios y de vestuario, lo que, a juicio de la Fiscalía, configuró un monopolio tácito sustentado en la “regla del no tocar los míos, yo no toco los tuyos”. Esa frase, citada en una entrevista interna divulgada por Cooperativa, habría sido el credo de los ejecutivos que pactaron el reparto.

Los cargos y la respuesta de las empresas

La acusación de la FNE incluye la solicitud de una multa de 41.744 unidades tributarias anuales (UTA) contra Pluxee, equivalentes a unos 39,6 millones de dólares, además de una sanción de 110 UTAs (aprox. 104 mil dólares) para su exgerente general, Santiago Machado. Por su parte, la Fiscalía propone la exoneración de multas y de responsabilidad penal para Edenred y tres de sus exejecutivos —Philippe Blecon, Fernando Müller y Francisco Aguirre— bajo el marco de la delación compensada, a condición de que cumplieran con los requisitos legales del programa.

Pluxee, que recientemente sustituyó a Sodexo tras una operación de venta liderada por el grupo francés, confirmó que está analizando la acusación y que cooperará con las autoridades. En declaraciones recogidas por Emol, la empresa describió la medida como “una oportunidad para revisar nuestras prácticas internas y reforzar los controles de competencia”. Edenred, por su parte, manifestó que “respeta el proceso judicial y se mantendrá a disposición del tribunal para aclarar los hechos”, según informó el portal de noticias CNN Chile.

Contexto regulatorio y precedentes

El fiscal nacional económico, Jorge Grunberg, subrayó que la colusión constituye “el atentado más grave contra la libre competencia”, especialmente cuando las compañías renuncian a competir por precio o calidad y optan por repartirse los clientes. Esta posición se alinea con sentencias previas del TDLC, como la sanción de 20 UTAs impuesta a la empresa de telecomunicaciones Entel en 2019 por prácticas de colusión en la asignación de bandas de frecuencia.

En el marco de la política antimonopolio chilena, la delación compensada se ha convertido en una herramienta clave para desarticular cárteles. Un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señala que, entre 2015 y 2022, los acuerdos de colaboración con la Fiscalía resultaron en la identificación de más de 150 casos de colusión en la región, con multas que superaron los 500 millones de dólares en conjunto.

Implicaciones para el mercado de vales y los usuarios

El posible falló del TDLC podría reverberar en todo el ecosistema de vales de alimentación y vestuario. Actualmente, alrededor del 70 % de las empresas chilenas utilizan estos instrumentos como parte de sus beneficios laborales, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Una sanción severa podría abrir la puerta a nuevos participantes y a la diversificación de la oferta, lo que potencialmente reduciría los costos para los empleadores y aumentaría la calidad del servicio para los trabajadores.

Sin embargo, expertos del Colegio de Ingenieros en Informática advierten que la entrada de nuevos operadores sin la experiencia acumulada de Pluxee y Edenred podría generar problemas de implementación y de seguridad de los fondos. “El desafío será equilibrar la competitividad con la garantía de un servicio fiable”, comenta la economista Ana Rojas, de la Universidad de Chile, citada en un artículo de El Periodista.

Próximos pasos y expectativas

El TDLC cuenta con un plazo de tres meses para decidir si acoge la acusación y las multas solicitadas por la Fiscalía. De aceptarlas, el proceso seguirá a la fase de pruebas, donde se presentarán testimonios de exejecutivos y documentos internos que, según la FNE, prueban la existencia de un “mecanismo de compensación” para los casos en que alguna de las partes no respetara el reparto de clientes.

En caso de que el tribunal rechace la demanda, las partes podrían apelar ante la Corte Suprema, lo que prolongaría el litigio por varios años. Mientras tanto, organizaciones empresariales como la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) han solicitado a la Fiscalía que se garantice la certeza jurídica, argumentando que “las empresas necesitan claridad normativa para invertir y competir de forma leal”.

El desenlace de este proceso será decisivo no solo para Pluxee y Edenred, sino también para el futuro del marco regulatorio de la competencia en Chile, marcando un precedente que podría influir en la forma en que se estructuran los mercados de servicios de beneficio laboral en todo el país.