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Una comisión de expertos, convocada por el Ministerio de Hacienda, ha propuesto eliminar de la Secretaría General de Gobierno (Segegob) como parte de un plan de 34 iniciativas para ahorrar hasta US$2 mil millones anuales. La medida, que busca simplificar el gasto fiscal y reestructurar funciones, transferiría las labores de la Segegob al Ministerio del Interior para «reducir costos de coordinación y simplificar la administración».
Fundada en 1973 y adaptada a la democracia, la Segegob se encarga de la comunicación del Ejecutivo y la participación ciudadana. Liderada por la ministra Camila Vallejo, cuenta con un presupuesto de $27.863 millones, además de $11.905 millones para el Consejo Nacional de Televisión (CNTV). Emplea a 482 funcionarios, con un gasto en salarios de $16.982 millones anuales. Sus principales divisiones son la Secretaría de Comunicaciones (Secom) y la División de Organizaciones Sociales (DOS).
El informe de la Comisión Asesora, presentado el 5 de septiembre de 2025 al ministro de Hacienda, Mario Marcel, destaca el déficit fiscal y una deuda pública que ha alcanzado el 42% del PIB. La optimización de recursos es vista como imperativa, especialmente ante el aumento de los costos de salud y pensiones debido al envejecimiento de la población.
Otras propuestas de la comisión incluyen:
Ante la propuesta de eliminar Segegob, el gobierno ha manifestado una postura cautelosa. La ministra Camila Vallejo señaló que el informe contiene recomendaciones valiosas, pero que la disolución no es la única opción, sino una posible reestructuración. «Deben llevarse a cabo discusiones amplias antes de implementar cambios significativos», afirmó.
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, también se mostró reticente, argumentando que la disolución de ministerios «no está dentro del programa de Gobierno». Esta tensión refleja el delicado ambiente político en la recta final del mandato.
La propuesta tiene profundas implicaciones políticas. Eliminar un ministerio liderado por una figura emblemática como Camila Vallejo podría interpretarse como un debilitamiento del gobierno. Sindicatos y organizaciones civiles han expresado preocupación por el impacto en la participación ciudadana, un factor crítico en un contexto de creciente desconfianza en las instituciones.
El exdirector de Presupuestos, Sergio Granados, advirtió sobre la delicada situación económica, señalando que «hemos llegado a un límite». Además, el informe reitera la necesidad de revisar exenciones tributarias y fomentar la digitalización de compras públicas para generar ahorros adicionales.