El teléfono del Presidente: Fiscalía y la solicitud que desafía la institucionalidad
La Fiscalía de Coquimbo, liderada por Patricio Cooper, se encuentra en el centro de una tormenta política tras la revelación de escuchas telefónicas al exjefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, y la solicitud de intervención del teléfono del presidente Gabriel Boric. La controversia ha desatado una ola de críticas desde el oficialismo, que cuestiona la proporcionalidad y legalidad de las medidas adoptadas en el marco del caso ProCultura.
El origen de la controversia: Caso ProCultura y filtraciones
El caso ProCultura, que involucra a Miguel Crispi, ha escalado rápidamente tras la filtración de conversaciones telefónicas intervenidas. Estas revelaciones apuntan a un presunto tráfico de influencias por parte de la exsenadora Isabel Allende, en relación con la compraventa de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende. Según las transcripciones, Allende habría ejercido presión para acelerar la transacción con el Estado. La autorización para la interceptación del teléfono de Crispi, otorgada por el Juzgado de Garantía de Antofagasta, ha levantado serias dudas sobre la justificación y los límites de las investigaciones fiscales.
El diputado y candidato a la presidencia, Gonzalo Winter, expresó su preocupación sobre la duración de las escuchas a Crispi, cuestionando la necesidad de mantener la vigilancia dos años después de los hechos investigados. El fiscal Cooper, por su parte, defendió la medida, argumentando que la Fiscalía contaba con los antecedentes necesarios para justificar la intervención. Sin embargo, su afirmación de que las críticas surgen solo cuando se afectan «ciertas personas» ha sido interpretada como una falta de imparcialidad. «Me llama mucho la atención que se habla de este tema cuando se afecta a ciertas personas, pero cuando se investiga otro tipo de delitos no se cuestionan, digamos, las intervenciones telefónicas respecto al narcotráfico, terrorismo», declaró Cooper, según fuentes de La Tercera.
Reacciones y exigencias de transparencia
La controversia ha escalado a niveles de alta tensión política. El diputado Jaime Sáez (FA) acusó al fiscal Cooper de estar «fuera de control» y responsabilizó al fiscal nacional, Ángel Valencia, por la situación. «Allanar la casa de una mujer que está pariendo (Karol Cariola), pinchar el teléfono del jefe de asesores del presidente por meses (Miguel Crispi), solicitar que pinchen al Presidente y allanar La Moneda, el Ministerio de Defensa y el Congreso. Tiroloco Cooper está fuera de Control y es el Fiscal Nacional quien tiene responsabilidad de pararlo», afirmó Sáez en su cuenta de X (anteriormente Twitter). La ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, ha solicitado a la Fiscalía que acredite la legalidad de sus acciones, subrayando que nadie está por encima de la ley.
La filtración de la declaración del presidente Boric en el caso de la compraventa de la casa de Allende ha añadido más leña al fuego. Gonzalo Winter ha exigido una explicación sobre cómo se filtró la información, poniendo en duda la confidencialidad de las investigaciones. «Todavía la Fiscalía no nos explica si el medio de comunicación forzó la chapa de la puerta a la Fiscalía, puede ser, o fue un fiscal el que lo entregó, o fue un hacker que se metió en su computador, pero alguna de esas opciones tiene que ser», declaró Winter en entrevista con Radio Universidad de Chile.
El rol del Fiscal Nacional y las demandas de remoción
El jefe de la bancada de diputados del PS, Juan Santana, ha responsabilizado directamente al fiscal nacional, Ángel Valencia, por la conducta «temeraria e inconstitucional» del fiscal Cooper. Santana ha exigido la remoción de Valencia si no se toman medidas inmediatas para abordar la situación. «El frenesí y descontrol del fiscal Cooper intentando intervenir las conversaciones del Presidente Boric es responsabilidad directa de Ángel Valencia», afirmó Santana. La diputada Javiera Morales (FA) ha solicitado a la Comisión de Constitución de la Cámara que cite al fiscal nacional para que rinda cuentas y explique cómo se evitarán futuras filtraciones, argumentando que la situación pone en riesgo la «seguridad nacional».
La solicitud de intervención del teléfono del presidente Boric, aunque fue denegada, ha generado una profunda preocupación sobre los límites del poder fiscal y la protección de los derechos individuales. Esta controversia ha vuelto a poner en tela de juicio ciudadano la transparencia, la proporcionalidad y la responsabilidad en el ejercicio de la justicia.
