Departamento de Justicia de EE. UU. investiga a E. Jean Carroll, escritora que acusó a Trump de abuso sexual

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha iniciado una investigación penal contra la escritora y columnista E. Jean Carroll, quien en 2023 y 2024 obtuvo sentencias favorables en dos demandas civiles contra el entonces expresidente Donald  Trump por agresión sexual y difamación. La nueva averiguación se centra en la posible comisión de perjurio por parte de Carroll al afirmar, bajo juramento en 2022, que su proceso civil no había recibido financiación externa.

Antecedentes de los casos civiles

Carroll, conocida por su trabajo en publicaciones como Cosmopolitan, acusó a Trump de haberla agredido sexualmente en un probador de una tienda departamental de Nueva York a mediados de la década de 1990. Un jurado civil en el distrito sur de Nueva York la declaró responsable de agresión sexual y, en una segunda sentencia, también de difamación por los mensajes que el empresario lanzó en su red social Truth Social en 2019, en los que calificó a Carroll de mentirosa y de haber fabricado la acusación para vender su libro.

Las sentencias establecieron indemnizaciones de US$5 millones por agresión sexual y US$83 millones por difamación, cifras que Trump ha intentado revertir frente a la Corte Suprema. Mientras tanto, la defensa del expresidente ha argumentado que la testificación de Carroll contenía omisiones relevantes sobre la procedencia de los recursos legales empleados para sostener sus demandas.

Financiación y posible perjurio

Según documentos judiciales presentados por la defensa de Trump en 2023, el cofundador de LinkedIn, Reid Hoffman, habría contribuido a sufragar parte de los honorarios de Carroll a través de la fundación sin ánimo de lucro LinkedIn Foundation, con sede en Chicago. La información fue confirmada por una fuente de CBS News, que indica que la investigación penal ahora está a cargo de la Fiscalía del Distrito Norte de Illinois.

La Oficina del Fiscal General interino, Todd Blanche, que representó a Trump en los recursos de apelación, se ha recusado del caso para evitar conflictos de intereses, según informó la cadena CNN. La acusación se sustenta en la hipótesis de que Carroll, al declarar que no había recibido financiación externa, habría mentido deliberadamente, lo cual constituye perjurio bajo la legislación federal.

Reacción de los involucrados

El equipo legal de Carroll ha rechazado las insinuaciones de falsedad, señalando que la declaración jurada referida a la financiación fue “plausiblemente incompleta” pero no engañosa. En palabras de la abogada de la escritora, Sarah Kelley, “la testificación de E. Jean fue coherente con la información que tenía en ese momento, y cualquier omisión fue involuntaria”. La BBC ha intentado contactar al Departamento de Justicia y a la fundación de Hoffman sin obtener respuestas definitivas hasta el momento.

Por su parte, Trump ha reiterado su inocencia y ha calificado la investigación como un “cazador de brujas” político. En una publicación de su cuenta oficial de Truth Social, el expresidente acusó a los medios de “difundir mentiras” y sostuvo que “el país necesita centrarse en problemas reales, no en persiguir a los que han sido condenados”.

Implicancias políticas y contexto judicial

La apertura del caso penal ocurre en un clima de creciente tensión entre la rama ejecutiva y el sistema judicial. Desde su regreso al poder en 2025, la administración de Trump ha solicitado repetidamente al Departamento de Justicia que investigue a sus opositores, mientras que la propia fiscalía ha destinado US$1.800 millones a un fondo para indemnizar a personas consideradas víctimas de “investigaciones injustas” bajo administraciones anteriores, una medida que ha generado críticas tanto dentro del Partido Republicano como entre demócratas progresistas.

Los críticos del fondo temen que pueda destinarse a cuentas relacionadas con la defensa de agentes policiales involucrados en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Según el analista político José Márquez, de la Universidad de Chile, “el caso Carroll‑Trump abre una nueva frontera en la lucha por la rendición de cuentas, pues pone bajo la lupa no solo la conducta del exmandatario, sino también la actuación de una víctima que ha recibido apoyo financiero externo”.

Perspectivas de futuro

Si la investigación concluye que Carroll incurrió en perjurio, podría enfrentar sanciones penales que incluyen multas y posible prisión, además de la nulidad de las indemnizaciones otorgadas en los procesos civiles. Sin embargo, expertos en derecho penal, como la profesora de la Universidad de Columbia, Laura González, advierten que “el umbral probatorio para demostrar perjurio es extremadamente alto; el fiscal deberá probar que la falsedad fue intencional y material al caso”.

En tanto, la Corte Suprema de EE. UU. aún debe decidir si revoca o mantiene las sentencias de US$5 y US$83 millones. La decisión será crucial no solo para Trump, sino también para establecer precedentes sobre la responsabilidad de los presidentes en casos civiles y la posible extensión de sus litigios a la esfera penal.