Denuncia de Camila Flores por pornovenganza reaviva debate sobre violencia digital en Chile

La senadora Camila Flores (Renovación Nacional) ha denunciado públicamente la difusión no consentida de imágenes privadas de carácter sexual, señalando como presunto responsable a su exmarido, Percy Marín, a quien acusó de actuar «coludido con otras personas» para compartir las fotografías. Según las declaraciones de la parlamentaria, las imágenes habrían sido obtenidas “de manera ilícita e ilegal”. La denuncia ya fue presentada ante la fiscalía de Viña del Mar, que ha iniciado una investigación en torno a los hechos. Este caso ha reavivado el debate en Chile sobre la violencia digital y la llamada «pornovenganza».

Autoridades y figuras políticas condenan el acto

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, expresó enérgicamente su rechazo a lo sucedido y subrayó que estos actos constituyen una forma de violencia de género, ya que atentan directamente contra la privacidad e integridad de las mujeres. Recordó también que la Ley 21.675, en vigor en Chile, castiga penalmente a quienes exhiban, envíen, publiquen o difundan material íntimo sin el consentimiento de la persona afectada.

En términos similares, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, manifestó su apoyo a Flores y calificó el hecho como un «delito contra la vida privada y la intimidad». A través de la red social X, hizo un llamado a que se aplique «todo el peso de la ley» contra los responsables. La exministra de la Mujer, Antonia Orellana, también condenó esta acción, describiéndola como “repudiable” y enfatizando la gravedad de su impacto en la víctima.

Antecedentes del caso y repercusiones legales

La senadora relacionó este caso con los conflictos derivados de su separación matrimonial. Según ha declarado, Percy Marín se negó inicialmente a abandonar el hogar común, debiendo ser removido por la fuerza. En esta misma línea temporal, Flores presentó el pasado 15 de diciembre una denuncia por violencia intrafamiliar, que derivó en una orden judicial de alejamiento contra su exesposo.

En cuanto a las consecuencias legales, medios como Cooperativa han explicado que este tipo de delitos, comúnmente conocidos como “pornovenganza”, están tipificados y sancionados en la legislación chilena. Las penas pueden oscilar entre los 61 días y los 5 años de presidio. Adicionalmente, si la persona que comparte el material íntimo fue también quien lo obtuvo de forma ilícita, las penas pueden aumentar.

Impacto político y llamado a la acción

El caso no solo ha movilizado a autoridades gubernamentales, sino que también ha generado una fuerte reacción en el ámbito político, involucrando tanto a figuras del oficialismo como de la oposición. Diversos actores coinciden en que hechos de esta índole representan un agraviante ataque a los derechos fundamentales y generan un grave precedente respecto de la violencia digital, un problema que sigue en alza en el país.

En un video divulgado a través de redes sociales y reproducido por The Clinic, Flores dejó en claro que «ninguna persona tiene derecho a destruirle la vida a otra simplemente porque lo dejaron». Sus declaraciones fueron respaldadas por numerosos líderes políticos, en lo que se interpreta como un exhorto colectivo a transparentar las dinámicas de violencia que, en muchos casos, trascienden el ámbito privado para convertirse en asuntos de interés público y judicial.