De apremios ilegítimos a la filtración: los errores que marcan la investigación de Julia Chuñil
La desaparición de la dirigenta mapuche y defensora ambiental Julia Chuñil Catricura ha escalado a una crisis de confianza institucional en Chile. Una reciente e impactante filtración de una interceptación telefónica, que sugiere un terrible desenlace para la activista, ha provocado una ola de indignación. Este nuevo antecedente, el cual abogados querellantes aseguran haber encontrado en el propio sitio web del Ministerio Público, subraya las graves falencias y cuestionables prácticas que han marcado la investigación, según han denunciado las representantes de la familia.
Julia Chuñil, de 72 años, fue vista por última vez en noviembre de 2024 en Máfil, Región de Los Ríos. Su desaparición se enmarcó en un conflicto territorial abierto por la defensa de tierras ancestrales y el bosque nativo, un contexto en el que, según su círculo cercano, la dirigenta había recibido frecuentes amenazas (Interferencia, 2025). La inacción inicial de las autoridades y la posterior lentitud en la investigación llevaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a otorgar medidas cautelares, solicitando al Estado de Chile que «redoble los esfuerzos» para determinar su paradero y evitar la repetición de los hechos (Resolución CIDH 48/2025).
Desde el inicio, el caso ha estado plagado de supuestas irregularidades. Las abogadas querellantes han acusado una constante rotación de fiscales, lo que ha impedido un avance sostenido en la pesquisa y ha generado, a su juicio, una «estigmatización» de la familia de Chuñil (Radio U. de Chile, 2025). Esta preocupación se intensificó tras conocerse detalles de un presunto apremio ilegítimo contra la hija de la desaparecida.
Cuestionamientos al procedimiento fiscal y policial
Según testimonios y documentos revelados, la hija de la dirigenta fue objeto de un cuestionado interrogatorio por un funcionario de LABOCAR, quien supuestamente la presionó para que se autoincriminara, afirmando falsamente que había encontrado «sangre» de su madre en la vivienda, hecho que informes periciales posteriores desmintieron categóricamente (Interferencia, 2025). La gravedad de la denuncia se eleva al señalar que este episodio habría ocurrido en presencia de la propia fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, lo que derivó en la presentación de una denuncia por apremios ilegítimos en su contra. El rechazo de la Fiscalía Nacional Subrogante a inhabilitar a Esquivel de la causa acentuó la sensación de desprotección.
En un giro reciente y altamente sensible, una interceptación telefónica crucial en el caso fue hallada por los abogados querellantes mientras revisaban antecedentes en el sitio web del Ministerio Público, un hecho que apunta a un error de procedimiento en el manejo de evidencia clasificada. El contenido de la escucha, que vincularía a uno de los sospechosos con una confesión informal sobre la quema del cuerpo de la líder mapuche, ha profundizado el dolor de la familia y ha puesto a la Fiscalía Regional nuevamente bajo el escrutinio público.
Este cúmulo de antecedentes y la exposición de las falencias procesales motivaron que diputados de diversas bancadas solicitaran la citación del Fiscal Nacional, Ángel Valencia, al Congreso para que rinda cuentas sobre las «graves irregularidades» en la indagatoria (Radio U. de Chile, 2025). La familia, respaldada por diversas organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, ha solicitado formalmente el cambio de la Fiscalía a cargo de la investigación, ante la percepción de un sesgo y la falta de diligencia debida en un caso que ha sido calificado como «grave y urgente» por organismos internacionales.
La dimensión política y de Derechos Humanos
El caso de Julia Chuñil ha trascendido el ámbito penal para convertirse en un símbolo de la lucha por los derechos territoriales y la criminalización de la protesta ambiental en Chile. Su desaparición ha generado movilizaciones que exigen al Estado asumir su responsabilidad y aplicar los estándares internacionales de derechos humanos en la investigación. La insistencia de las abogadas en que se investigue la arista del conflicto de tierras con un empresario local, sobre quien recaen denuncias de amenazas previas, es un eje central que, denuncian, no ha tenido el mismo peso investigativo que las líneas que apuntaron a la propia familia.
La exigencia de Verdad y Justicia se mantiene firme. La familia y la sociedad civil esperan que la presión pública y el seguimiento de organismos como la CIDH obliguen a la Fiscalía a corregir el rumbo, asegurando una investigación sin sesgos ni dilaciones, que pueda esclarecer qué ocurrió con Julia Chuñil Catricura.
