Congreso estadounidense exige a Trump justificación legal para atacar Venezuela
Una crucial votación tendrá lugar en el Senado de Estados Unidos, un movimiento que busca reafirmar el poder constitucional del Congreso frente a la Casa Blanca. La resolución, impulsada por legisladores de ambos partidos, intenta erigirse como un muro legal que impida al presidente Donald Trump ordenar un ataque militar contra Venezuela sin obtener previamente la autorización expresa del cuerpo legislativo. Este pulso se da un día después de que altos funcionarios de la administración reconocieran ante el Capitolio que, hasta ahora, Washington carece de una justificación legal sólida que respalde incursiones en territorio venezolano.
La urgencia del debate no es meramente académica. Responde a las crecientes y abiertas amenazas proferidas por el Ejecutivo contra el gobierno de Caracas, así como a la escalada de las operaciones militares en el Caribe y el Pacífico Oriental, supuestamente dirigidas contra el narcotráfico. Legisladores clave, incluyendo voces prominentes del Partido Republicano, han exigido al Pentágono y a la Casa Blanca que transparenten la información sobre los recientes ataques estadounidenses a embarcaciones que operan en estas aguas. La demanda transversal subraya una profunda desconfianza respecto a los verdaderos objetivos detrás de la intensa actividad militar.
Si bien la probabilidad de que esta legislación sea finalmente promulgada es ínfima —en gran parte, porque requeriría la firma del propio Presidente Trump—, su valor reside en sentar un precedente formal. Permite a los senadores grabar en actas su profunda inquietud ante lo que muchos ven como una deriva hacia el conflicto armado sin control democrático. «Es un secreto a voces que esto tiene mucho más que ver con un posible cambio de régimen», sentenció el senador Adam Schiff, demócrata por California y uno de los principales promotores de la moción. «Si esa es la dirección que está tomando la administración, si eso es lo que estamos arriesgando —involucrarnos en una guerra—, entonces el Congreso debe pronunciarse al respecto».
Pulso de Washington por la autoridad bélica
La Administración Trump, a través de sus representantes más cercanos, se vio forzada a comparecer ante el Congreso para detallar el marco legal de su ofensiva. Los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Guerra, Pete Hegseth, confirmaron que la «orden de ejecución» que activó la campaña antinarcóticos en septiembre se limita estrictamente a objetivos marítimos en aguas internacionales, cercanas a las costas de Venezuela y Colombia. De momento, no existe extensión para objetivos terrestres. No obstante, el reconocimiento de que la Administración «no puede justificar legalmente» un futuro ataque terrestre ha hecho poco para calmar los temores en el Capitolio.
La cifra de ataques en el mar Caribe y el Pacífico oriental ya se acerca a la veintena, con un saldo que supera las 60 víctimas fatales. Esta intensidad ha provocado que varios observadores pongan en duda la tesis de una mera operación contra el narcotráfico. El senador Roger Wicker, presidente republicano de la Comisión de Servicios Armados del Senado, articuló una preocupación más amplia, señalando que muchos miembros del Senado tienen «serias preocupaciones sobre las políticas del Pentágono». La situación venezolana, a su juicio, se suma a un patrón preocupante de decisiones ejecutivas tomadas sin la debida consulta al Legislativo, mencionando la suspensión de la ayuda de seguridad a Ucrania y la reducción de tropas en Rumanía.
Desde la trinchera del análisis geopolítico, la preocupación no solo reside en el derecho internacional, sino en la erosión de los mecanismos de control interno en Washington. Un informe reciente del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) , con sede en la capital estadounidense, destacó que cualquier acción militar ofensiva sin una Declaración de Guerra formal o una Autorización para el Uso de la Fuerza Militar (AUMF) socava la War Powers Resolution de 1973. Dicho informe enfatiza que el uso del pretexto antinarcóticos para justificar una intervención mayor sentaría un peligroso precedente para la política exterior estadounidense en toda América Latina.
Campaña antinarcóticos como telón de fondo
El pronunciamiento del Senado cobra una resonancia especial en medio de lo que diversos especialistas en seguridad regional han calificado como el mayor despliegue marítimo de Estados Unidos desde la primera Guerra del Golfo Pérsico (1990-1991). La magnitud de la movilización es innegable: las aguas caribeñas albergan actualmente cerca de ocho buques de guerra, incluidos seis destructores, tres buques anfibios, un submarino nuclear y, de forma emblemática, el portaaviones nuclear Gerald R. Ford, la nave más grande y moderna de la Armada, que recientemente cruzó el Estrecho de Gibraltar camino a la zona de conflicto.
Esta contundente demostración de fuerza ha generado un repudio diplomático inmediato y coordinado en la región. Caracas y Bogotá, a pesar de sus profundas diferencias, han condenado la militarización de sus espacios marítimos. A ellas se han unido aliados tradicionales como Cuba, Nicaragua y, con un giro notable, Brasil, cuya cancillería emitió un comunicado expresando su profunda preocupación por la escalada, llamando a la desescalada y al diálogo en apego a los principios de no intervención.
Al respecto, la opinión del experto en seguridad regional, Dr. Andrés Malamud, citado por El Nuevo Herald de Miami, resulta fundamental para entender la dimensión continental del conflicto. Malamud sostiene que «la retórica de la ‘guerra contra el narcotráfico’ es insuficiente para explicar la magnitud de esta movilización. Es percibida en las capitales de la región como una clara señal de presión máxima orientada al cambio de régimen, lo que inevitablemente aumenta el riesgo de error de cálculo y de una desestabilización continental que va más allá de Venezuela».
Flota sin precedentes en el Caribe
El debate congresional, aunque simbólico, es vital para restaurar el equilibrio de poderes. La preocupación de senadores como Wicker sobre la Estrategia de Defensa Nacional subyace en la percepción de que el Ejecutivo está reescribiendo la política de seguridad del país a espaldas del Congreso. La votación de este jueves, más que detener a Trump, busca enviar una señal inequívoca a nivel global: que la rama legislativa de Estados Unidos aún tiene una voz en las decisiones de guerra y paz.
La comparecencia de Rubio y Hegseth, además de ofrecer detalles tácticos de la operación en el mar, funcionó como una válvula de escape para las tensiones políticas internas, permitiendo al Ejecutivo mostrar que está «consultando» al Legislativo, mientras que al Congreso le permite ejercer su rol de supervisión. Este delicado acto de equilibrio, no obstante, no resuelve el problema de fondo: la aparente intención de la Casa Blanca de usar una operación legítima (antidrogas) para enmascarar una agenda geopolítica de mayor envergadura.
Para el público chileno y latinoamericano, la amenaza de una guerra de esta naturaleza resuena con la dolorosa historia de intervenciones en la región. La postura independiente de Under Express exige una cobertura crítica que se centre no solo en las tensiones en Washington, sino en las consecuencias directas de la presencia naval y la retórica belicista en la estabilidad continental. El desenlace de la votación en el Senado, aunque previsible en su falta de efecto práctico inmediato, marcará el registro histórico de un Congreso que intentó, al menos en la forma, frenar el ímpetu de guerra de su Presidente.
