Congreso de Brasil entra en crisis por votación que podría liberar a Jair Bolsonaro
La justicia y la política brasileña se encontraron una vez más en un punto de quiebre este martes, transformando la Cámara de Diputados en un escenario de caos institucional. El detonante fue la súbita inclusión en la tabla de un proyecto de ley que, bajo el eufemismo de «pacificación» nacional, busca reducir drásticamente las penas por una serie de delitos, entre ellos el de golpe de Estado, lo que se traduce en un salvavidas legislativo para el expresidente Jair Bolsonaro.
El líder ultraderechista, de 70 años, fue sentenciado en septiembre pasado a 27 años de prisión por su participación en el intento de subversión democrática contra Luiz Inácio Lula da Silva, tras la derrota en los comicios de 2022. La iniciativa, impulsada por la oposición de derecha, no solo plantea una vía de escape para el exmandatario, sino que también ofrece la libertad condicional a más de un centenar de adherentes presos por el asalto a las sedes de los tres poderes en Brasilia, el infausto 8 de enero de 2023.
La tensión alcanzó un punto de no retorno cuando el diputado oficialista Glauber Braga, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), decidió tomar acciones directas para impedir la votación. En medio de una sesión ya caldeada, Braga denunció una «ofensiva golpista» y ocupó de manera simbólica la silla del presidente de la Cámara Baja.
El clímax del caos
La protesta del legislador, que se mantuvo firme en su posición, obligó a la intervención de la policía legislativa, quienes lo desalojaron por la fuerza en una escena que paralizó el plenario y fue retransmitida por la televisión local, hasta que la señal oficial se cortó abruptamente. Periodistas y asesores fueron retirados de la sala, y el debate, que prometía ser una de las jornadas más tensas del último lustro en el Congreso, quedó suspendido.
“Permaneceré aquí con calma, con total tranquilidad, ejerciendo mi legítimo derecho político de no aceptar como un hecho consumado una amnistía a un grupo de golpistas”, declaró el diputado Braga antes de ser apartado, encapsulando la frustración del oficialismo ante lo que consideran una flagrante burla a la justicia.
El proyecto de ley, cuya aplicación recae finalmente en el Poder Judicial, fue diseñado con una precisión que no deja lugar a dudas sobre su objetivo primario. Según explicó el parlamentario a cargo, Paulinho da Força, en declaraciones recogidas por agencias internacionales como AFP, de ser aprobado, la condena de Bolsonaro se vería reducida de 27 años y tres meses a un estimado de «más o menos dos años y cuatro meses».
El vértigo de la maniobra legal
La propuesta legislativa, disfrazada de una reforma carcelaria general, establece una reducción significativa en el tiempo de reclusión para una variedad de delitos. No obstante, la bancada del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula, calificó la movida como «inaceptable». El diputado Farias, por ejemplo, sostuvo que «Toda ley tiene que ser general. Estamos haciendo claramente una ley específica para beneficiar a Bolsonaro», señalando el riesgo de una legislación ad hoc.
La indignación oficialista se sustenta en análisis constitucionales que cuestionan la legalidad de la maniobra. Expertos consultados por el periódico Folha de S.Paulo han advertido que, si bien el proyecto utiliza un lenguaje amplio, su temporalidad y efecto directo sobre una condena particular (la del expresidente) configuran un claro desvío de poder con el propósito de desvirtuar las sentencias del Supremo Tribunal Federal (STF). Esto representa un embate directo contra la separación de poderes y podría sentar un peligroso precedente de impunidad.
La oposición, que venía promoviendo sin éxito una amnistía total desde el inicio de la legislatura, ha reconocido que esta reducción de penas es una estrategia táctica. «Como no logramos construir el ambiente político y los votos necesarios para votar la amnistía, el primer paso para alcanzar nuestro objetivo será la reducción de penas», admitió en conferencia de prensa el diputado Sóstenes Cavalcante, líder opositor.
Ecos de la ruptura de Brasilia
El momento en que se revivió este proyecto, que estuvo detenido por meses en el Congreso, no es casual. Ocurrió tan solo unos días después de que Flávio Bolsonaro, senador e hijo mayor del expresidente, anunciara su pre-candidatura a la presidencia en 2026. Si bien Flávio había insinuado el domingo que podría retirar su postulación a cambio de una amnistía para su padre, el mismo martes de la sesión caótica declaró que su candidatura era «irreversible».
Este juego político de alta tensión ha sido interpretado por analistas como una compleja estrategia de negociación. Un estudio publicado por la Fundación Getúlio Vargas (FGV), que examinó la correlación entre movimientos legislativos y la agenda electoral, sugirió que la presión sobre el proyecto de ley no es solo una búsqueda de ‘pacificación’, sino un intento de mantener al expresidente como una ficha central en la política de 2026, utilizando la candidatura de su hijo como una palanca de negociación con las fuerzas que buscan evitar un conflicto mayor.
El foco de la controversia, sin embargo, se mantiene en las 141 personas que se beneficiarían con la libertad condicional. Estos individuos fueron condenados por los disturbios del 8 de enero de 2023, que buscaron abiertamente la deposición del presidente Lula a solo una semana de su investidura. La posibilidad de que una maniobra legislativa extinga o mitigue las penas por un intento de golpe de Estado no solo polariza a la clase política, sino que envía una señal inquietante sobre la seriedad con que el sistema institucional brasileño trata los crímenes contra la democracia.
