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A seis años de su promulgación en agosto de 2019, la ley «Chao cables» entró oficialmente en vigencia esta semana. Esta normativa obliga a las empresas de telecomunicaciones a realizar el retiro de la infraestructura en desuso que se acumula en el tendido público.
La implementación de la ley se concreta seis meses después de la toma de razón de su reglamento, marcando el inicio de un proceso que requerirá la elaboración de planes de retiro programados y coordinados entre las empresas y las autoridades locales.
El subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, destacó el proceso que se llevará a cabo para la limpieza del cableado: “estos planes anuales se empiezan a construir ahora a partir de un levantamiento que están haciendo las empresas y que también están haciendo los municipios respecto de cuales son los lugares de cada comuna donde hay acumulación de esta basura aérea. Con esta información consolidada se van a construir planes que se empiezan a ejecutar a partir de fines de este año, principios del próximo año, que van a ir paulatinamente despejando la basura aérea”.
Desde el gremio de infraestructura digital, Idicam, el representante Rodrigo Ramírez explicó cómo se manifestará este trabajo en las comunidades. Según comentó, “las personas, en sus territorios, en sus barrios, van a poder observar que en el marco de planes anuales de trabajo, los municipios, en conjunto con las empresas de telecomunicaciones agrupadas en la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, van a desplegar un plan para identificar, mantener y ordenar, y básicamente retirar aquella infraestructura que esté en desuso”.
A pesar de que los municipios celebran la entrada en vigor de la ley, han solicitado mayores recursos para poder llevar a cabo su labor de fiscalización de manera efectiva.
El alcalde de Zapallar y presidente de la AChM, Gustavo Alessandri, enfatizó que la responsabilidad del retiro recae en las compañías y no en las entidades locales: “lo primero es dejar en claro que la responsabilidad del retiro recae en la empresa dueña de las líneas, no en los municipios. A nosotros la ley nos entrega un rol fiscalizador y lo vamos a cumplir, pero eso requiere recursos que hoy no están contemplados, por eso vamos a insistir en las próximas leyes de presupuesto que se asignen fondos adicionales para esta tarea”.
Finalmente, el presidente de la AChM afirmó el compromiso de los gobiernos locales con la seguridad y bienestar comunitario, a pesar de la falta de financiamiento específico: “Mientras tanto, desde los municipios vamos a capacitar a nuestros funcionarios y a reforzar la coordinación con las empresas, porque siempre colaboramos con la gestión cuando se trata de seguridad y bienestar para la comunidad”.