Caso Monsalve: Ministerio Público presenta acusación formal y cierra etapa de investigación
El reloj de la justicia chilena marcó un hito decisivo en uno de los casos de mayor impacto político y social de los últimos años. En un movimiento que cierra la fase indagatoria y abre la puerta al juicio oral, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte concretó la presentación de la acusación formal contra el otrora subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. El documento, ingresado a la oficina virtual del Poder Judicial apenas horas antes de expirar el plazo legal de diez días, representa el golpe de timón definitivo del Ministerio Público para buscar una condena de cárcel efectiva contra quien fuera el zar de la seguridad pública en el país.
La pieza jurídica desplegada por el organismo persecutor no solo detalla la relación de los hechos y la calificación de los delitos, sino que establece una pretensión punitiva que suma un total de 14 años de presidio. De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, la fiscalía solicita una pena de 10 años por el delito de violación consumada y 4 años adicionales por abuso sexual, ambos cometidos presuntamente contra una exsubalterna de la Subsecretaría del Interior. Esta ofensiva legal se produce tras meses de una compleja recolección de pruebas que incluyó peritajes biológicos, revisión de cámaras de seguridad y testimonios clave del entorno más cercano del acusado.
El escenario para Monsalve es crítico. De ser hallado culpable por el Tribunal Oral en Lo Penal, la condena deberá ejecutarse considerando los abonos de tiempo que ya ha cumplido bajo medidas cautelares: seis meses en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber y siete meses bajo arresto domiciliario total en su residencia de Viña del Mar. Sin embargo, dada la gravedad de los delitos imputados y la extensión de la pena solicitada, el beneficio de penas sustitutivas parece una posibilidad remota, empujando al exsubsecretario hacia un horizonte de cumplimiento efectivo tras las rejas.
El laberinto procesal y la estrategia de la defensa
La presentación de la acusación no es un acto aislado, sino el inicio de una cuenta regresiva procesal de alta intensidad. Ahora, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago dispone de un margen estricto —no antes de 25 días ni después de 35— para fijar la audiencia de preparación de juicio oral. En esta instancia, la defensa, encabezada por el defensor público Víctor Providel, jugará sus últimas cartas para intentar revertir el curso de la historia. Según se ha confirmado, una de las pretensiones centrales de Monsalve es solicitar la reapertura de la investigación, argumentando que aún existen diligencias pendientes que podrían exculparlo o matizar su responsabilidad.
Esta estrategia de defensa busca confrontar la solidez del relato fiscal, cuestionando si se agotaron todas las líneas de indagación. Especialistas en derecho procesal penal, como el académico y abogado penalista Mauricio Duce, han señalado en diversas ocasiones que la etapa de preparación es fundamental para depurar la prueba que llegará a los jueces. «Es el filtro donde se decide qué testimonios y qué evidencias son legalmente válidos para ser conocidos en el juicio oral», explica Duce en sus análisis sobre el sistema acusatorio. En este caso, la pugna por reabrir la causa podría desplazar el inicio del juicio propiamente tal hasta marzo del próximo año, prolongando la agonía mediática y judicial de las partes involucradas.
A este complejo ajedrez se suma la figura de la abogada querellante, María Elena Santibáñez, quien representa a la víctima. Santibáñez, reconocida por su especialización en delitos sexuales y su rigor en la persecución criminal, tiene la facultad de presentar una acusación particular que podría, incluso, adherirse a la del Ministerio Público o proponer calificaciones jurídicas y penas distintas. La participación de la querellante asegura que la voz de la denunciante mantenga un peso específico frente a un imputado que, hasta hace poco, ostentaba uno de los cargos más poderosos del Estado.
Testimonios de última hora y el factor Ají Seco
En las semanas previas al cierre de la investigación liderada por el fiscal Xavier Armendáriz, el caso experimentó una reactivación inesperada. Exintegrantes del gabinete de Monsalve en la Subsecretaría del Interior volvieron a desfilar ante los fiscales para entregar nuevos testimonios. Estas declaraciones son cruciales para reconstruir el comportamiento del acusado en los días posteriores a los hechos denunciados y para determinar si existió algún tipo de presión u obstrucción a la justicia desde la propia institucionalidad.
La defensa ha manifestado de forma reiterada su descontento con la profundidad de estas indagaciones. Su tesis apunta a que existen interrogantes no resueltas sobre la conducta de la denunciante y las circunstancias que rodearon la cena en el restaurante «Ají Seco Místico», punto de origen de la tragedia judicial. Para el entorno de Monsalve, resulta imperativo obtener nuevas declaraciones de los trabajadores del local, buscando identificar posibles contradicciones en el relato de la víctima o detalles que permitan cuestionar la falta de consentimiento que sostiene la acusación.
Sin embargo, el Ministerio Público parece haber blindado su caso. La «teoría del caso» de la fiscalía se apoya en una trazabilidad detallada de los movimientos de Monsalve y la víctima esa noche, apoyada por registros de transporte y comunicaciones electrónicas. Mientras la defensa busca «cositas» o detalles que abran una duda razonable, la fiscalía apuesta por la contundencia de los hechos materiales. El silencio guardado por ambas instituciones tras la presentación del escrito solo refuerza la idea de que la verdadera batalla ya no se libra en la prensa, sino en los folios que ahora descansan en el sistema del Poder Judicial, esperando el día del juicio final para el hombre que alguna vez prometió orden y seguridad para Chile.
