Bolivia en alerta: presidente Paz elimina límites a las Fuerzas Armadas en medio de 22 días de protestas y bloqueos que dejan al menos cinco muertos

El presidente boliviano, Rodrigo Paz, firmó el miércoles una nueva normativa que elimina las limitaciones impuestas a la actuación de las Fuerzas Armadas en situaciones de conflicto interno. La ley, que fue publicada en la Gaceta Oficial pocas horas después de su aprobación en la Cámara de Diputados, se inscribe en el contexto de una ola de protestas y bloqueos de carreteras que llevan 22 días exigiendo la renuncia del mandatario.

El proyecto legislativo, que contó con un debate virtual en la Cámara el martes y obtuvo la ratificación del Senado durante el fin de semana, deroga completamente la Ley 1341 sobre estados de excepción, vigente desde octubre de 2020. Dicha normativa anterior establecía un marco restrictivo para la participación militar en la contención de disturbios sociales, limitando su intervención a casos en que la policía fuera superada y no existieran medios alternativos para restablecer el orden.

Alcance de la nueva legislación

Con la derogación de la Ley 1341, el Ejecutivo recupera la facultad de decretar, a través de un decreto constitucional, el estado de excepción en cualquier zona del territorio nacional cuando lo considere necesario. Según el texto constitucional de 2009, la medida debe respetar los derechos fundamentales y su duración está supeditada a la aprobación del Congreso dentro de un plazo de 72 horas, sin que se establezca un límite máximo de días como antes.

El propio gobierno ha subrayado que la declaración de un estado de excepción será “la última opción” y que, de momento, la iniciativa se mantiene como un recurso potencial frente a la escalada de las protestas que golpean particularmente a las regiones andinas de La Paz, Oruro y Potosí.

Contexto de las protestas

Los bloqueos y manifestaciones, iniciados en el departamento de La Paz, reúnen a sindicatos campesinos, a la Central Obrera Boliviana (COB) y a sectores afines al expresidente Evo Morales. La ampliación de la movilización a Cochabamba, Santa Cruz y Chuquisaca ha provocado graves problemas de abastecimiento de alimentos, combustibles e insumos médicos, entre ellos oxígeno medicinal.

Según el informe de la Fiscalía boliviana citado por la Agencia de Noticias del Estado (ANDE), se investiga el fallecimiento de un hombre a causa de un disparo durante un operativo policial destinado a despejar una carretera troncal el pasado sábado. Además, la autoridad sanitaria alertó que la interrupción de rutas ha sido responsable de al menos cuatro muertes, incluido un menor de 12 años que no recibió atención médica a tiempo.

Reacciones internacionales y locales

Organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch, expresaron preocupación por la ausencia de salvaguardas claras en la normativa recientemente promulgada, señalando que “la eliminación de límites temporales y de control civil podría abrir la puerta a abusos contra la población civil”. Por su parte, el Observatorio de Conflictos Sociales de la Universidad Católica de Chile, que monitorea la evolución de los movimientos sociales en América Latina, indicó que la medida puede intensificar la polarización y dificultar el retorno al diálogo estructurado.

En el seno del Congreso, varios diputados de la bancada oposicionista advirtieron que la flexibilización del marco legal militar “podería socavar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas”. Sin embargo, figuras del bloque oficialista sostuvieron que la decisión responde a la necesidad urgente de restablecer la movilidad y garantizar la seguridad de los transportistas y usuarios de las vías.

Implicancias de la nueva normativa de seguridad de Bolivia

La nueva legislación no implica automáticamente la activación de un estado de excepción, pero otorga al presidente un abanico más amplio de recursos constitucionales para enfrentar la crisis. Expertos en seguridad regional, como el analista Carlos Gómez del Instituto de Estudios Estratégicos de Buenos Aires, resaltan que “la capacidad de movilizar a las Fuerzas Armadas sin restricciones previas puede acelerar la resolución de los bloqueos, pero también aumenta el riesgo de confrontaciones violentas si no se acompaña de una estrategia de negociación sólida”.

En los últimos meses, Bolivia ha experimentado una creciente presión social vinculada a temas de distribución de recursos, reformas agrarias y la percepción de exclusión política. La respuesta del gobierno de Paz, aún en sus primeras etapas, se plantea como un intento de equilibrar la necesidad de ordenar el territorio con la preservación de los derechos civiles, una ecuación que tendrá que ser evaluada constantemente por la ciudadanía y la comunidad internacional.