Washington intensifica bloqueo: ofensiva de sanciones contra sobrinos de Maduro
Washington ha desvelado una nueva y contundente ofensiva contra la cúpula del poder en Venezuela. En un movimiento que fusiona presión financiera, despliegue militar y alta política, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves, 11 de diciembre de 2025, la imposición de sanciones a tres familiares directos de la primera dama Cilia Flores, junto con un entramado logístico clave para la supervivencia del régimen: seis buques petroleros y las compañías navieras vinculadas a ellos.
La acción, administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro, se dirige específicamente contra la red de comercio ilícito de petróleo que ha logrado sortear embargos anteriores. Los designados son Efraín Campo Flores y Franqui Flores, tristemente célebres como los «narcosobrinos», y Carlos Erik Malpica Flores. La jugada busca asfixiar las rutas de exportación y la capacidad de la estatal PDVSA para monetizar su crudo en los mercados internacionales.
Los seis navíos castigados son cruciales para el transporte de crudo venezolano. Documentos internos de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), a los que tuvieron acceso agencias de prensa internacionales, confirmaron que estos superpetroleros realizaron cargas recientes en puertos venezolanos. Cuatro de ellos, incluyendo el H. Constance y el Lattafa, navegan bajo bandera panameña, mientras que los restantes están registrados en las Islas Cook y Hong Kong, exponiendo la táctica de flag-hopping utilizada para eludir el escrutinio global.
Contexto geopolítico y presión de Trump
Esta oleada de sanciones no es un hecho aislado. Se inscribe en un dramático contexto de escalada que incluye un despliegue militar a gran escala por parte de Estados Unidos en la región del Caribe. La Casa Blanca, bajo la administración de Donald Trump, ha intensificado su campaña pública y política con el objetivo explícito de la destitución del líder venezolano, Nicolás Maduro.
El anuncio económico llega un día después de una declaración previa de Trump, quien confirmó la incautación de un tanquero sancionado frente a la costa de Venezuela. El presidente especificó que la embarcación sería trasladada a un puerto estadounidense y su carga de crudo, confiscada. Esta acción directa e inusual sienta un precedente de confrontación en alta mar, elevando la tensión regional a niveles críticos.
Analistas de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) señalan que la estrategia de atacar la infraestructura de transporte de PDVSA es, desde un punto de vista táctico, una de las más efectivas implementadas por la OFAC en años. A diferencia de las sanciones genéricas, que a menudo son sorteables, apuntar a los navíos y las compañías que aseguran la logística impacta directamente la capacidad de Venezuela de transformar el crudo en divisas. No obstante, WOLA y otros grupos de política exterior han advertido consistentemente sobre el riesgo de que estas medidas agraven la crisis humanitaria, impactando la importación de bienes esenciales y empujando a la cúpula chavista a buscar rutas aún más opacas y peligrosas.
El legado de los «narcosobrinos»
En el centro de las nuevas designaciones figura la dinastía familiar de Cilia Flores. Efraín Campo Flores y Franqui Flores han sido desde 2015 símbolos de la presunta corrupción y el narcotráfico en la élite venezolana. Su detención en Haití, en una operación encubierta de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), cimentó el relato del “narcoestado” que Washington ha buscado trazar.
Ambos fueron condenados en 2016 por intentar llevar a cabo un multimillonario acuerdo de tráfico de cocaína, recibiendo sentencias de 18 años de prisión en una corte de Nueva York. Sin embargo, en un giro diplomático sumamente polémico, fueron liberados en 2022 durante la administración de Joe Biden, como parte de un canje de prisioneros que permitió el retorno de siete ciudadanos estadounidenses detenidos en Caracas. Este episodio, que implicó un alto costo político para Washington, vuelve a la palestra con las nuevas sanciones, reforzando la narrativa de que el círculo de poder venezolano sigue operando con impunidad.
El tercer sancionado, Carlos Erik Malpica Flores, aunque menos mediático, es una pieza fundamental. Su inclusión subraya la determinación del Tesoro de desmantelar la totalidad de la red que opera en torno a la familia presidencial. Malpica Flores ha ocupado cargos de relevancia, incluyendo el de tesorero nacional y director financiero de PDVSA, lo que explica su profundo conocimiento y control sobre las rutas financieras y petroleras del Estado venezolano.
La respuesta de Caracas y el futuro de la presión
La sofisticación del entramado sancionado —que utiliza pabellones de naciones distantes como las Islas Cook o Hong Kong para enmascarar la propiedad real— subraya el desafío que enfrenta la diplomacia coercitiva estadounidense. La designación de los buques H. Constance y Lattafa, construidos a inicios de la década del 2000, muestra que Washington está rastreando activos hasta sus orígenes, buscando un efecto paralizador en el mercado marítimo global que se atreva a comerciar con el crudo venezolano.
Desde Caracas, la reacción no se hizo esperar. La Cancillería venezolana, en comunicados difundidos a través de agencias de prensa latinoamericanas como EFE, denunció las medidas como una forma de «terrorismo económico» y una «violación flagrante del derecho internacional». El gobierno bolivariano aseguró que la nueva arremetida busca sabotear los esfuerzos internos de diálogo y la incipiente recuperación económica, presentándose como víctima de una agresión imperialista.
Con la presión económica en su punto álgido y el despliegue militar en el Caribe como telón de fondo, el pulso entre Estados Unidos y Venezuela se complejiza. Las sanciones de la OFAC no solo castigan a los operadores, sino que envían una señal inequívoca a cualquier actor global dispuesto a facilitar el comercio petrolero de Caracas. El futuro de la crisis, con el petróleo como arma geopolítica y la corrupción como el flanco más expuesto del régimen, se define ahora en una máxima de fricción.
