Petro se manifiesta en contra del bloqueo aéreo a Venezuela
La política exterior latinoamericana se ha convertido, una vez más, en el escenario de un choque de voluntades geopolíticas que repercute directamente en la vida civil. Este lunes, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dio un paso audaz al ordenar el restablecimiento del servicio aéreo civil entre su país y Venezuela, desafiando de manera explícita la advertencia previa de su homólogo estadounidense, Donald Trump, de mantener el espacio aéreo venezolano clausurado «en su totalidad». La decisión de Bogotá no es meramente logística, sino una declaración de principios sobre la soberanía regional y el derecho internacional.
A través de su cuenta en X, el mandatario colombiano fue categórico: «EEUU no tiene el derecho de cerrar el espacio aéreo venezolano. Lo puede hacer con sus aerolíneas, pero no con las del mundo. Colombia restablece el servicio aéreo civil con Venezuela e invita al mundo a hacerlo. Es hora de diálogos no de barbarie», sentenció Petro. Este pronunciamiento se produce en medio de una escalada de tensión entre Washington y Caracas, exacerbada por un considerable despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe que, aunque justificado por la Casa Blanca como una operación antidrogas, es percibido por el gobierno venezolano como una «amenaza» directa a su régimen.
La advertencia de Trump, emitida el sábado pasado, había intentado establecer una zona de exclusión de facto, generando una ola de incertidumbre y cancelaciones. Sin embargo, la Administración de Petro, respaldada por su propia autoridad aeronáutica, ha optado por desmantelar esta narrativa unilateral. Es un acto que posiciona a Colombia en la vanguardia de un debate sobre la injerencia externa en la región.
La defensa del derecho aeronáutico internacional
El respaldo técnico y legal a la postura colombiana llegó de inmediato. La Aeronáutica Civil (Aerocivil) de Colombia emitió un comunicado tajante, confirmando que, desde su perspectiva, el espacio aéreo bajo jurisdicción venezolana «permanece plenamente abierto y operativo, sin restricciones que afecten la navegación aérea civil». El organismo elevó la crítica al ámbito internacional al señalar que las declaraciones de «un tercer Estado que no posee injerencia ni competencia soberana sobre el espacio aéreo venezolano» carecen de validez operativa y solo buscan «generar confusión en el sistema de aviación civil».
La disputa se centra en el Anexo 17 del Convenio de Aviación Civil Internacional (Convenio de Chicago), que establece la soberanía completa y exclusiva de un Estado sobre el espacio aéreo que se extiende sobre su territorio. En este marco, el ministro de Transporte de Venezuela, Ramón Velásquez Araguayán, confirmó la denuncia formal ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), tal como consignó la agencia de noticias EFE. Venezuela argumenta que la advertencia de Washington constituye un «caso de interferencia ilícita» y un «grave delito» al difundir información que pone en peligro la seguridad operacional.
De hecho, la propia Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos, si bien no tiene potestad para clausurar el espacio aéreo soberano de otro país, había instado el 21 de noviembre a las aerolíneas a «extremar la precaución» al sobrevolar Venezuela, citando una «situación potencialmente peligrosa». Esta alerta se basaba en el riesgo potencial que representan los sistemas portátiles de defensa aérea (MANPADS) y la artillería antiaérea, según reportes especializados en seguridad aérea, intensificando la presión sobre el sector comercial.
El dilema de las aerolíneas globales y regionales
La reacción del sector aéreo ha sido profundamente dividida, reflejando la complejidad del tablero geopolítico. Por un lado, compañías regionales como las colombianas Wingo y Satena, la panameña Copa Airlines y la Boliviana de Aviación, junto a las locales Avior y Conviasa (estatal), han mantenido la normalidad de sus operaciones, alineándose con la soberanía aérea venezolana y la decisión de Bogotá.
En contraste, la cautela y la presión regulatoria han primado en otras latitudes. Las aerolíneas españolas Iberia y Air Europa anunciaron suspensiones temporales de sus rutas, aduciendo razones de seguridad, con plazos que se extienden hasta el 31 y el 12 de diciembre, respectivamente. El caso más complejo es el de Latam Airlines Colombia, que paralizó sus vuelos en la ruta Bogotá-Caracas-Bogotá. La razón oficial es doble: la suspensión de su permiso de operación por parte del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela y, crucialmente, la declaración de la aerolínea sobre que las «condiciones actuales en ese territorio no cumplen con los estándares de seguridad para considerar el reinicio de sus vuelos».
Esta disparidad de criterios evidencia un desafío crítico para el transporte global. La Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA), que agrupa a la mayor parte de las aerolíneas mundiales, se ha visto obligada a exigir claridad a las autoridades, buscando un equilibrio entre las alertas de seguridad y las amenazas regulatorias. Tal como recoge el medio chileno La Tercera, la IATA ha manifestado su compromiso de restablecer la conectividad tan pronto como las condiciones lo permitan, pero el temor a sanciones cruzadas y la percepción de riesgo operativo han mermado la confianza en el corto plazo.
Un llamado a la OACI y la escalada de la presión
Petro no se limitó a una declaración unilateral. El domingo anterior, ya había interpelado públicamente a Trump, preguntándole «bajo qué norma del derecho internacional» se considera con potestad para cerrar el espacio aéreo de una nación soberana. Posteriormente, elevó la apuesta al solicitar formalmente a la OACI que convoque a una reunión urgente por lo que calificó como el cierre «completamente ilegal» del espacio aéreo venezolano, instando a que «ninguna compañía aérea debe aceptar órdenes ilegales».
La solicitud de Petro y la denuncia de Venezuela ante la OACI buscan activar los mecanismos multilaterales para detener lo que Caracas y Bogotá consideran una flagrante violación de la Convención de Chicago y un peligroso precedente para la soberanía aérea de la región. El trasfondo, conocido por el análisis internacional, es el endurecimiento de la política de Washington hacia el gobierno de Nicolás Maduro, el cual ha estado bajo presión creciente desde agosto pasado, cuando el despliegue militar en el Caribe elevó la retórica de confrontación.
Fuentes como el periódico español El País han analizado que la acción de Trump busca convertir el cielo venezolano en un campo de batalla político, usando la alerta de seguridad para intensificar el aislamiento económico y político de Caracas. Esta táctica de «guerra híbrida» impacta directamente en la conectividad y en la vida de miles de ciudadanos, incluidos los migrantes. La firmeza de Colombia, al invitar a la comunidad internacional a desobedecer el dictamen de Washington, representa un contrapunto regional fundamental que rescata la visión global y pluralista, buscando el diálogo y el respeto irrestricto al derecho internacional como única vía para la estabilidad en el hemisferio. El desafío está planteado y el desenlace definirá el rol de la soberanía en la geopolítica aérea de América Latina.
