Red de Salares: Chile sella protección de 10 ecosistemas críticos en Atacama
El Desierto de Atacama, un vasto lienzo de sal y silencio que alberga una de las mayores reservas de litio del planeta, se encuentra en el epicentro de una confrontación esencial: la urgencia por el desarrollo económico y el imperativo de la conservación ecológica. En este escenario de extrema fragilidad hídrica y biodiversidad única, el Gobierno de Chile ha dado un paso trascendental que busca redefinir la relación del país con su «oro blanco» y sus ecosistemas más vulnerables.
Tras un proceso de diálogo y análisis técnico, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático ha formalizado la aprobación de las seis primeras áreas protegidas que, de manera integrada, configurarán la ambiciosa Red de Salares Protegidos. Esta política pública no es un esfuerzo ambiental aislado, sino la piedra angular de la Estrategia Nacional del Litio, impulsada directamente por el mandato del Presidente Gabriel Boric. El objetivo declarado es monumental: salvaguardar la riqueza natural del país y, de paso, alcanzar la meta internacional de proteger al menos el 30% de estos ecosistemas salinos para el año 2030, en sintonía con el Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal.
La medida, por su despliegue inicial, centra su atención en la Región de Atacama, una de las zonas con mayor presión extractiva. Aquí, la nueva zonificación de conservación agrupará diez salares y lagunas altoandinas bajo seis nuevas figuras legales. Este hito no solo representa un aumento cuantitativo de la superficie resguardada, sino que introduce una novedad institucional inédita: dos Reservas de Región Virgen, una categoría que promete un nivel de protección casi absoluto.
Equilibrio en tensión entre la riqueza y el desarrollo
Las seis nuevas áreas de conservación incluyen el Parque Nacional de las Lagunas Bravas, la Reserva de Región Virgen Lagunas Collas, la Reserva Nacional Salar de Pedernales, la Reserva de Región Virgen Pisacas, el Parque Nacional Salar de Gorbea y el Parque Nacional Salar de Las Parinas. La propuesta, además, marca un hito al establecer figuras de protección por primera vez en la comuna de Diego de Almagro, ampliando el mapa de la responsabilidad ecológica del Estado en el desierto.
La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, ha enfatizado que esta decisión es la prueba de que es factible “compatibilizar estrategias de desarrollo con el cuidado de la riqueza natural del país”. Desde la óptica gubernamental, el esfuerzo reafirma el compromiso con un marco institucional robusto que permita el desarrollo del litio, pero con un valor agregado y una protección ambiental real y verificable. Sin embargo, este optimismo se mira con lupa desde la academia y las organizaciones civiles, que exigen una protección sin ambigüedades.
El debate se intensifica al considerar que los salares altoandinos son, por definición, humedales de una fragilidad extrema. Su resguardo es vital, no solo por ser el hogar de especies emblemáticas como los flamencos, las vicuñas o diversas aves migratorias, sino porque cumplen un rol hidrogeológico insustituible. En los ecosistemas áridos del norte chileno, estos complejos salinos son esenciales para la provisión y el sostenimiento de los escasos recursos hídricos, además de potenciar la investigación científica y el turismo sostenible.
Guardianes del agua en el corazón del desierto
El Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad (CAPES) ha sido uno de los organismos que ha puesto el foco en la necesidad de que la protección sea efectiva. Citando al ecólogo Dr. Cristián Echeverría, la comunidad científica advierte que el éxito de la red dependerá de la rigurosidad con que se implementen las áreas y, crucialmente, los mecanismos para evitar la afectación por las operaciones mineras en los salares contiguos. «La designación de un área protegida es el primer paso, pero si no se establecen zonas de amortiguación robustas y se excluye rigurosamente toda actividad extractiva de las áreas núcleo, el riesgo de colapso ecosistémico persiste, especialmente cuando el Salar de Atacama, el más explotado, no está en esta fase inicial de protección», subraya Echeverría. Este análisis agrega una capa de complejidad y crítica necesaria a la visión puramente institucional.
La Estrategia Nacional del Litio establece que el Estado jugará un rol preponderante en la industria, buscando maximizar el valor agregado y garantizar que la extracción se realice bajo los más altos estándares de sustentabilidad. No obstante, para las comunidades que han habitado estos territorios ancestralmente, la confianza debe ser ganada. La Red de Salares Protegidos, en su alcance total, contempla la incorporación de 26 ecosistemas salinos, lo que elevará la superficie bajo protección del 8% actual al 32%.
La voz de las comunidades y la consulta indígena
Un aspecto fundamental del proceso fue la inclusión de la consulta pública y la consulta indígena. Las comunidades Colla de la Región de Atacama concluyeron con éxito la etapa de diálogo sobre la creación de estas seis nuevas áreas, un requisito ineludible que otorga legitimidad cultural y territorial al proyecto. Sin embargo, la voz de los pueblos originarios mantiene una «cautela vigilante».
Doña Margarita Colla, líder de una de las organizaciones territoriales consultadas, ha manifestado, si bien celebra la aprobación, la necesidad de que el espíritu del diálogo se mantenga en el tiempo. «La consulta indígena es ley, pero necesitamos ver que el Gobierno no retroceda en el futuro ante las presiones del mercado internacional. Proteger el koyai [sal] y el agua es proteger nuestra vida y la de las generaciones venideras», afirmó, articulando la demanda de las comunidades Colla por una observancia constante de los acuerdos establecidos.
Tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros, el camino burocrático entra en su fase final. El Decreto Supremo de creación de las áreas protegidas quedará listo para ser firmado por el Presidente de la República, Gabriel Boric. Posteriormente, deberá ingresar a la Contraloría General de la República para su indispensable toma de razón, momento en que las figuras de conservación adquirirán plena vigencia legal. Este esfuerzo monumental, como destacó en su momento la seremi del Medio Ambiente de Atacama, reafirma un compromiso de largo aliento con la preservación de estos ecosistemas salinos y lagunas altoandinas. El desafío ahora es pasar del papel a la realidad, asegurando que la Estrategia del Litio y la protección ambiental no sean meros conceptos, sino pilares de un futuro informado y consciente.
