María Corina Machado presenta su plan para la Venezuela post-Maduro
La tensión geopolítica que envuelve al Caribe y el Pacífico, marcada por el despliegue de una imponente flotilla naval estadounidense —incluyendo al portaviones más grande del mundo—, sirvió de telón de fondo para un anuncio de alto impacto. Mientras Washington justificaba la movilización como una operación robusta contra el narcotráfico, desde Caracas, el presidente Nicolás Maduro insistía en denunciarla como una velada maniobra para forzar su caída. En este tablero de incertidumbre, donde la Casa Blanca, por voz del propio presidente Donald Trump, ha coqueteado incluso con la posibilidad de una negociación directa, la voz de la oposición, liderada por María Corina Machado, resuena con una inusitada claridad.
Fue en este complejo clima, el pasado martes, que María Corina Machado, líder de la disidencia venezolana y figura clave en la crítica al régimen chavista, desveló lo que definió como la hoja de ruta para la Venezuela post-Maduro. A través de un video difundido en sus redes sociales, la dirigente de tendencia liberal presentó su visión de transición, una apuesta estratégica que busca llenar el vacío de liderazgo y propuesta ante la erosión definitiva del poder chavista, cuya legitimidad internacional sigue en mínimos históricos tras los comicios de julio de 2024.
“Estamos en el umbral de una nueva era”, sentenció Machado. Su mensaje no solo fue un ejercicio de prospectiva política, sino una declaración de certeza sobre el destino final del Gobierno de Maduro: “El largo y violento abuso de poder de este régimen está llegando a su fin”, aseguró con una firmeza que evoca la resistencia que la ha caracterizado, incluso después de ser inhabilitada y perseguida por la estructura estatal.
El retorno de la sociedad libre
El núcleo de su propuesta reposa en la reconstrucción institucional. Machado proyecta un país donde el Estado recupere su función primigenia, alejándose del aparato represor actual. “Volveremos a levantar una sociedad libre en la cual el gobierno va a servir a sus ciudadanos, y el propósito supremo del Estado será salvaguardar los derechos naturales de todos los venezolanos”, enfatizó, apelando a los principios liberales de limitación del poder y primacía de las libertades individuales.
La ambición de la líder opositora se extiende al plano económico y de seguridad regional. Habló de la imperiosa necesidad de “crear las condiciones para que florezca una economía libre y competitiva”, un cambio radical respecto al modelo rentista y estatista impuesto durante dos décadas. Más allá de lo interno, la propuesta de Machado posiciona a Venezuela como un futuro “pilar de seguridad democrática” y “energética” en el hemisferio, una promesa que podría resonar fuertemente en Washington y en la Unión Europea, ávidos de estabilidad en el mercado de hidrocarburos.
Esta visión de futuro contrasta dramáticamente con el presente documentado por organismos internacionales. La propia Machado reitera que el resultado electoral de julio de 2024, que supuestamente otorgó un tercer mandato a Maduro, fue “robado”, un veredicto compartido por Estados Unidos y, de manera crucial, por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU, que ha reportado graves violaciones de derechos humanos y restricciones al espacio cívico en el contexto postelectoral. Amnistía Internacional, por su parte, ha señalado de forma consistente la persistencia de detenciones arbitrarias y la falta de transparencia en los comicios.
Deuda histórica y la justicia irrevocable
La transición planteada por Machado no es solo un cambio de modelo, sino un proceso de justicia histórica. Subrayó que el “régimen criminal debe rendir cuentas” por sus actos. Las cifras del abuso son estremecedoras y hablan por sí solas: “Desde que Maduro asumió el poder [en 2013], ya son más de 18.000 presos políticos que han sufrido injustamente. Cada uno de ellos es un testimonio de la brutalidad del régimen”, lamentó la dirigente, citando estadísticas que diversas organizaciones de derechos humanos han recopilado durante años de represión.
En el centro de su discurso, la promesa de la justicia se erige como una condición no negociable para la paz. “Venezuela solo se levantará plenamente cuando quienes cometieron crímenes de lesa humanidad sean juzgados por la ley y por la historia”, afirmó. Este compromiso con la rendición de cuentas es un mensaje directo a la comunidad internacional que ha seguido de cerca las investigaciones de la Corte Penal Internacional y de la ya mencionada Misión de la ONU, cuyos informes detallan patrones de represión sistemática que incluyen torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, elementos que consolidan la postura opositora.
La dirigente se comprometió, además, a defender el voto “con seguridad y sin manipulación alguna”, y a restablecer plenamente la libertad de expresión y de reunión. Estos pilares democráticos, pulverizados bajo el actual gobierno, son vistos por la oposición como las únicas garantías para desmantelar la arquitectura del miedo que, según reportes de agencias como AFP y EFE, se ha profundizado en el último año, especialmente tras el disputado proceso electoral.
Tablero geopolítico y la sombra del cartel
La narrativa de Machado se alinea con la dura postura de Washington, que acusa a Maduro de encabezar el denominado «Cartel de los Soles», una organización de tráfico de drogas incrustada en las estructuras del Estado. Esta aseveración ha servido de base para la intensificación de las operaciones militares en el área. De hecho, analistas como los citados por el medio chileno CIPER y el think tank estadounidense WOLA (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos) han interpretado el reciente despliegue de la flotilla como una táctica de presión multifacética.
La presencia del poder de fuego estadounidense en el Caribe, independientemente de si el fin principal es el narcotráfico o la desestabilización política, ha tenido consecuencias directas y letales. El borrador de la ofensiva se hizo visible con los ataques aéreos que alcanzaron cerca de una veintena de presuntas “narcolanchas”, con un saldo reportado de al menos 83 fallecidos. Aunque el Pentágono no ha ofrecido detalles sobre el cumplimiento de la Resolución de Poderes de Guerra o el derecho marítimo internacional, este tipo de acciones refuerzan la tesis de que la crisis venezolana se ha convertido en el epicentro de la nueva estrategia hemisférica de presión de la administración Trump.
La situación se complejiza con la ambigüedad de la política exterior estadounidense. El reciente asomo de Trump a una posible negociación con Maduro, sin ofrecer mayores precisiones, genera inquietud entre la oposición y sus aliados regionales. Este vaivén, que combina la máxima presión militar y judicial (con recompensas millonarias por la captura de figuras chavistas) con la apertura al diálogo, es visto por algunos expertos como una estrategia pragmática que busca, en última instancia, asegurar los intereses energéticos y de seguridad de EE. UU., más que promover una transición democrática genuinamente liderada por fuerzas internas, como la que propugna Machado.
En este punto de inflexión, la líder opositora ha delineado un camino que exige una refundación total del Estado venezolano, anclada en la economía de mercado y la justicia transicional. El futuro de Venezuela, sin embargo, parece pender de un hilo doble: la capacidad interna de la oposición para cohesionarse en torno a esta propuesta, y el curso impredecible de las tensiones geopolíticas que se redefinen a diario en el mar Caribe. El reloj sigue corriendo para la «nueva era» que Machado promete, mientras la sombra del régimen y la incertidumbre de la política exterior de EE. UU. mantienen a la nación en vilo.
