Unión Europea investigará a Google por discriminación a medios: algoritmo bajo la lupa
En un movimiento que redefine la geopolítica digital, la Comisión Europea (CE) ha escalado su confrontación con Google, abriendo una investigación formal para determinar si el gigante tecnológico está utilizando su poder de mercado para discriminar y asfixiar económicamente a los medios de comunicación en sus resultados de búsqueda. Bajo la lupa está la críptica «política de abuso de la reputación del sitio» de Alphabet, la matriz de Google, una directriz interna que, según Bruselas, está siendo utilizada para degradar la visibilidad del contenido de editores que buscan monetizar sus plataformas a través de alianzas comerciales. La batalla no es solo por la competencia; es una defensa de la sostenibilidad del periodismo en la era digital.
El Ejecutivo comunitario, actuando como vigilante de la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés), ha detectado indicios preocupantes. El monitoreo preliminar sugiere que la aplicación de esta política penaliza específicamente a los sitios web cuando estos incluyen «contenidos de socios comerciales». Para la industria mediática, esta práctica no es un atajo de spam, sino una vía legítima y cada vez más vital para obtener ingresos. Al rebajar estos contenidos en el ranking del buscador, Google no solo afecta el tráfico, sino que golpea directamente la línea de flotación financiera de las empresas periodísticas que dependen del patrocinio y las publicaciones de terceros para subsistir.
La investigación se centrará en desentrañar la aplicación real de esta política. La preocupación de la CE radica en que, bajo la fachada de combatir la manipulación y el contenido de baja calidad, Google esté obstaculizando la capacidad de los medios para llevar a cabo «actividades comerciales legítimas, innovar y cooperar con terceros proveedores de contenido». Esta potencial restricción, impuesta por un actor dominante que controla más del 90% del mercado de búsquedas en Europa, amenaza la pluralidad informativa y el modelo de negocio sobre el que se sustenta la prensa libre.
El guardián de acceso en la mira del viejo continente
La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, ha sido clara en la postura de Bruselas: “Estamos tomando medidas para garantizar que los guardianes de acceso digitales no limiten injustamente a las empresas que dependen de ellos para la promoción de sus propios productos y servicios”. Según fuentes citadas por la agencia EFE, Ribera enfatizó que la preocupación principal es que las políticas de Google no permitan un trato «justo, razonable y no discriminatorio» a los editores de noticias, especialmente en un momento que ha calificado como «crítico para la industria». Este procedimiento se enmarca dentro de las exigencias del Reglamento de Mercados Digitales, que obliga a gigantes como Alphabet a garantizar un acceso equitativo a sus plataformas.
La complejidad del caso radica en el concepto de «abuso de la reputación del sitio». Google justifica la política como una medida para frenar el spam o el aprovechamiento indebido de la autoridad de un dominio consolidado para posicionar contenido de baja calidad o no relacionado. De hecho, expertos en SEO y análisis de búsqueda, como el consultor Glenn Gabe, han reportado públicamente en redes de la industria que grandes marcas mediáticas, incluyendo a Forbes o CNN, han sufrido en el pasado penalizaciones manuales por parte de Google a raíz de la aplicación de esta política. Estas acciones, según estos análisis, se dirigieron a contenido de afiliados o publicaciones patrocinadas ajenas a la línea editorial principal, generando un efecto de cajón desastre que Google busca eliminar, tal como se detalló en reportes de la Red de Periodistas sobre las nuevas reglas del buscador.
Sin embargo, para Bruselas, la línea entre el combate al spam y la discriminación económica es delgada. La investigación de la CE, con un plazo previsto de un año, busca determinar si Google está utilizando un criterio demasiado amplio o sesgado que estrangula las opciones de monetización legítimas. La DMA exige que los «guardianes de acceso» proporcionen acceso justo y transparente; si se demuestra que Google utiliza su algoritmo para minar deliberadamente el tráfico de sus competidores o socios comerciales de los editores, la multa podría ser catastrófica.
Hegemonía digital y multas históricas
Las posibles consecuencias económicas para Alphabet son siderales. De hallarse pruebas de incumplimiento de la legislación europea, la multinacional se enfrentaría a multas que podrían alcanzar hasta el 10% de su volumen de negocios total anual a nivel mundial. En el caso de una infracción reiterada, la sanción se duplicaría, llegando al 20% de su facturación global. Considerando que Alphabet reporta ingresos de cientos de miles de millones de dólares, la cifra de la potencial penalización podría superar cualquier antecedente histórico, sirviendo como un claro disuasivo para el resto de gatekeepers.
Esta no es la primera vez que la Unión Europea impone su ley sobre los gigantes tecnológicos en nombre de la competencia. El caso de Apple es un antecedente directo y poderoso de la determinación de Bruselas para aplicar la DMA. El gigante de Cupertino fue multado con 500 millones de euros por prácticas monopolísticas relacionadas con su tienda de aplicaciones móviles (App Store). De hecho, la reacción de Apple, que en septiembre pasado solicitó la derogación de la DMA, subraya la seriedad con la que las Big Tech están tomando el nuevo marco regulatorio europeo.
El mensaje de Bruselas es claro, tanto para Mountain View como para el resto de los gigantes: la innovación digital debe coexistir con la competencia leal y la sostenibilidad de los sectores tradicionales, como el periodismo. La investigación, que se espera concluya a fines de 2026 según reportes de agencias como DPA, no solo impactará los resultados de búsqueda en Europa, sino que sentará un precedente global sobre cómo deben interactuar las plataformas dominantes con los creadores de contenido que dependen de su ecosistema para alcanzar a sus audiencias y, en última instancia, para seguir existiendo. El futuro del periodismo chileno y global, que observa con atención la dependencia de las audiencias a los buscadores, podría redefinirse con la sentencia que emane de Bruselas.
