Fin al cierre del gobierno en Washington: la tensión se traslada a las cláusulas del acuerdo
Tras 43 días de parálisis federal, un lapso que sella la crisis como el shutdown gubernamental más extenso en la historia de Estados Unidos, la Cámara de Representantes puso fin a la agonía financiera y administrativa. Este miércoles 12 de noviembre de 2025, el Congreso estadounidense aprobó un acuerdo que, si bien devuelve la operatividad a la maquinaria estatal, deja al descubierto las profundas heridas de una polarización política que no cede, sino que se atrincheró en cláusulas controvertidas.
La medida, que ya había avanzado en el Senado el lunes, fue ratificada en la Cámara Baja con una votación ajustada de 222 a 209. La urgencia por reabrir la administración obligó a coaliciones incómodas: seis demócratas se unieron a la mayoría republicana para impulsar la legislación, mientras que solo dos republicanos, los representantes Thomas Massie de Kentucky y Greg Steube de Florida, votaron en contra, alineados con el ala más dura que buscaba mayores recortes o concesiones.
La trastienda del acuerdo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se preparaba para firmar el acuerdo ante la prensa en el Despacho Oval, poniendo el punto final a una crisis que, según Tom Cole, representante republicano de Oklahoma y presidente del Comité de Asignaciones, era inútil desde el principio. “La historia nos recuerda que los cierres gubernamentales nunca cambian el resultado, solo el costo que paga el pueblo estadounidense”, declaró Cole, apuntando a que “los votos necesarios no cambiaron y el camino a seguir no se modificó” durante los 43 días de paralización. No obstante, el costo al que alude el legislador va mucho más allá de la mera contabilidad política.
La disputa por el financiamiento, que se ha vuelto una herramienta recurrente de la política de trincheras en Washington, tuvo un impacto económico tangible e inmediato. La agencia de calificación Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings ya había alertado, en medio del impasse, que el estancamiento podría haber reducido semanalmente el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos entre un 0,1% y un 0,2%. Estas cifras son un claro indicador de que la inestabilidad política se traduce directamente en un freno económico, afectando no solo a los empleados federales, sino a contratistas, pequeñas empresas y cadenas de suministro que dependen de la normal operación del Estado.
La factura social de la parálisis
El ala más progresista del Partido Demócrata ha sido la voz más crítica respecto a la naturaleza del acuerdo, catalogándolo como una capitulación que castiga a los sectores más vulnerables. Una de las omisiones más sensibles es la exclusión de la extensión para los subsidios federales de atención médica del plan Obamacare (Ley de Cuidado de Salud Asequible o ACA), los cuales expiran a fines de año. La falta de estos créditos fiscales deja en la incertidumbre a millones de ciudadanos que dependen de ellos para costear su cobertura.
La representante demócrata por Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, elevó la crítica a un nivel ético, asegurando que la Administración Trump actuó con “crueldad” al intentar paralizar la financiación federal completa para los cupones de alimentos (SNAP, por sus siglas en inglés), de los cuales dependen aproximadamente 42 millones de estadounidenses. El senador demócrata Tim Kaine, de Virginia, si bien votó a favor del proyecto de ley en el Senado para terminar el cierre, lo calificó de “moratoria sobre las irregularidades” y criticó el uso del cierre para “infligir un dolor y sufrimiento inimaginables a los trabajadores” , citando también el riesgo a los beneficiarios del SNAP.
El paquete aprobado incluye un mecanismo de gasto que solo financiará la operación general del Gobierno hasta enero, forzando a una nueva ronda de negociaciones en el corto plazo y manteniendo viva la amenaza de otro cierre. Sin embargo, la medida también contiene tres proyectos de ley de gastos separados para programas específicos, como agricultura, construcción militar, agencias legislativas y, de manera crucial, la asistencia a los veteranos, financiándolos por la mayor parte de 2026. Esta estrategia de dividir el financiamiento busca blindar ciertos programas clave de futuras paralizaciones.
Cláusulas secretas y la sombra del 6 de enero
Más allá de los detalles financieros y de la crítica demócrata por la falta de apoyo a Obamacare, el consenso bipartidista que logró reabrir el Gobierno esconde una adición que ha encendido las alarmas de la oposición y de los analistas políticos. Diversos medios estadounidenses reportaron que los republicanos agregaron “sigilosamente” una cláusula que permitiría a oficiales de la administración demandar al Gobierno por hasta medio millón de dólares si fueron investigados por su rol en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.
Esta controvertida disposición no solo busca compensar a los aliados del Presidente, sino que, en la práctica, representa un intento de reescribir narrativas y socavar las investigaciones históricas sobre el ataque a la democracia de EE.UU. El contexto de esta cláusula es crucial: análisis como los realizados por el CELAG (Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica) han señalado la profunda división ideológica, donde un porcentaje significativo de votantes republicanos ve a los asaltantes del Capitolio más como “patriotas” que como “extremistas-terroristas”. Al blindar financieramente a los investigados, el Congreso parece, paradójicamente, premiar la conducta que socavó la propia sede legislativa.
Finalmente, el paquete de gastos asegura la restitución de los empleados federales y garantiza el pago retroactivo para los cientos de miles de trabajadores que fueron suspendidos sin remuneración durante los 43 días del shutdown. Diversas agencias federales, como el Departamento de Seguridad Nacional y la Agencia de Protección Ambiental, han solicitado a sus empleados retomar sus puestos este jueves, inmediatamente después de la firma presidencial, cerrando así la página de una crisis que solo reafirmó el alto costo humano y político del partidismo radical en la principal potencia mundial.
