Defensoría de Víctimas: Chile unifica la asistencia judicial para las víctimas de delitos
El anhelo de construir un sistema de justicia verdaderamente equitativo e inclusivo dio un salto fundamental en Chile. El Presidente de la República, Gabriel Boric, formalizó con su firma la promulgación de la Ley que establece el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas de Delitos. Este trascendental paso representa la materialización de una reforma institucional largamente esperada, diseñada para terminar con la dispersión administrativa y, lo más importante, asegurar que el respaldo del Estado llegue a quienes han sufrido las consecuencias más graves de la delincuencia.
La ceremonia, que contó con la presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, junto a diversas autoridades y representantes de la sociedad civil, se convirtió en una tribuna para destacar el valor social de la iniciativa. El Mandatario subrayó que la nueva institucionalidad permitirá robustecer el acceso igualitario a la justicia, una base irrenunciable de la democracia. El Servicio no solo brindará atención jurídica y psicosocial, sino que garantizará la representación legal gratuita y especializada a las víctimas de delitos que más lo requieran, saldando así lo que las propias autoridades han denominado una «deuda histórica» con la ciudadanía.
La Ley tiene un alcance profundo en la arquitectura del Estado, al fusionar y simplificar las prestaciones de asistencia legal y la atención a víctimas. Este nuevo organismo público será de carácter nacional y tomará el relevo de las actuales Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ), unificando experiencias que previamente operaban de forma fragmentada y autónoma. El objetivo es claro: entregar una atención profesional, gratuita y, ante todo, altamente especializada, que acerque efectivamente la administración de justicia a la vida cotidiana de las personas.
Victoria inspirada en la resiliencia ciudadana
La promulgación de esta ley es incomprensible sin hacer mención a la persistencia y al coraje de la familia de Alejandro Martínez González, un joven de 19 años asesinado en San Antonio durante el año 2008. Los padres de Alejandro lideraron una lucha incansable, convertida en un símbolo de la necesidad de acompañar integralmente a todas las víctimas en su dolorosa búsqueda de verdad y reparación. Su impulso ciudadano, sumado a la voluntad política del actual Gobierno y el apoyo transversal que concitó la iniciativa en el Congreso Nacional, fue la clave para desatascar una legislación que llevaba años en trámite. Gracias a esta convergencia de esfuerzos, hoy se concreta una herramienta de amparo que beneficiará a miles de familias chilenas que requieren apoyo legal, psicológico y social.
El corazón de esta nueva estructura es la creación de la Defensoría de las Víctimas de Delitos. Esta subdirección especializada tendrá la misión de proporcionar atención jurídica y psicosocial integral, con un foco particular en las personas afectadas por ilícitos más violentos. Su puesta en marcha se proyecta como un pilar esencial en la estrategia de seguridad ciudadana, marcando la intervención del Estado no solo en la prevención y persecución del delito, sino también en el acompañamiento y la reparación efectiva de quienes lo padecen. De esta forma, Chile se suma a la tendencia de otros países en la región y a nivel global que han comprendido que la seguridad no solo se mide en estadísticas de criminalidad, sino en la calidad de la respuesta institucional a los afectados.
Además de su rol protector, el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia potenciará la resolución colaborativa de conflictos. Esto incluye, por ejemplo, la administración del sistema de mediación familiar obligatoria. Esta apuesta busca descomprimir el sistema judicial, promoviendo soluciones consensuadas y más rápidas entre las partes, evitando que un número significativo de controversias de bajo impacto lleguen a los tribunales. Esta mirada, que prioriza la participación de los involucrados, es vista por expertos como la Dra. Isabel González del Diario Constitucional como un avance significativo que mejora la calidad de la respuesta estatal en temas sensibles.
Cobertura territorial y despliegue estratégico
Uno de los aspectos más ambiciosos y relevantes de la nueva legislación es su compromiso con la equidad territorial. El Servicio Nacional de Acceso a la Justicia operará con una estructura desconcentrada, que contará con un total de 16 direcciones regionales a lo largo del país. Pero la cobertura va un paso más allá: se contempla la instalación de centros de atención en cada comuna o agrupación de comunas donde exista un tribunal de justicia. Este diseño tiene por objeto garantizar la atención profesional y de calidad, asegurando la cercanía del servicio a la vida de los ciudadanos, sin importar su lugar de residencia.
El compromiso con la ciudadanía también se traduce en la especialización de la asistencia jurídica. El Servicio brindará apoyo focalizado a diversos grupos de especial protección y en distintas áreas del derecho. Entre ellos se cuentan niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, y aquellos que requieran defensa laboral o en el ámbito de los derechos humanos. Asimismo, la ley establece un sistema riguroso de estándares de calidad y mecanismos de control en la atención, lo que promueve un enfoque de derecho y garantiza a las personas usuarias un servicio de excelencia y transparente, propendiendo además al uso de medios remotos para asegurar una cobertura permanente.
No obstante, el acceso a esta nueva institucionalidad será gradual. La ley ha definido una puesta en marcha progresiva que comenzará a regir a partir de los 18 meses siguientes a su publicación. El despliegue inicial priorizará la zona norte del país, abarcando el territorio que se extiende desde Arica hasta la Región de Valparaíso. Posteriormente, se incorporarán la macrozona metropolitana y, finalmente, la macrozona sur, asegurando una transición ordenada y con la dotación de recursos humanos y tecnológicos necesarios para su óptimo funcionamiento, tal como ha sido detallado en análisis sobre la implementación del proyecto. Este escalonamiento responde a la complejidad de unificar cuatro Corporaciones de Asistencia Judicial y crear una red de Defensoría de Víctimas desde cero, pero la promesa de un sistema unificado y más eficiente ya está firmada.
