Tribunal de Justicia de Bolivia anula condena contra Jeanine Áñez y ordena su liberación
Un terremoto judicial ha sacudido la polarizada escena política de Bolivia. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del país andino dictaminó este miércoles la anulación de la sentencia de diez años de prisión que pesaba sobre la expresidenta interina Jeanine Áñez, disponiendo su «inmediata liberación» tras más de cuatro años de reclusión en una cárcel de La Paz. La decisión no solo revoca el fallo en el conocido caso «Golpe de Estado II», sino que reabre el debate sobre el uso del sistema penal ordinario para juzgar a exmandatarios.
El fundamento del máximo tribunal se centró en una vulneración crucial al debido proceso. El presidente del TSJ, Romer Saucedo, explicó ante los medios que la exmandataria debió ser procesada bajo la figura del «juicio de responsabilidades», un procedimiento especial y de privilegio reservado para altos dignatarios de Estado, cuya activación requiere la previa autorización y el impulso del Congreso Plurinacional. En palabras de Saucedo, se detectaron «vulneraciones al ordenamiento legal vigente, como así también a los derechos de los cuales ella goza», que hacían insostenible la condena impuesta en junio de 2022. La defensa de Áñez argumentó persistentemente, desde su detención en marzo de 2021, que la justicia ordinaria carecía de jurisdicción para juzgar actos cometidos en su calidad de Presidenta del Estado.
Áñez, quien aún permanece recluida a la espera de que el juez de ejecución penal en La Paz tramite la orden formal de excarcelación, fue sentenciada por el presunto delito de haberse situado ilegalmente en la línea de sucesión constitucional en noviembre de 2019, tras la renuncia de Evo Morales. A pesar de la anulación, su liberación es un proceso administrativo que, si bien se espera «en el día» según el TSJ, puede encontrarse con trabas burocráticas en el complejo engranaje judicial boliviano.
Laberinto constitucional y la vía privilegiada
La expresidenta había anticipado el martes, a través de su cuenta en la red social X, la postura que siempre mantuvo frente al proceso, que la oposición tildó de «persecución política». «Nunca voy a arrepentirme de haber servido a mi patria cuando me necesitó», escribió Áñez, afirmando haber actuado con «la conciencia y el corazón firme, sabiendo que las decisiones difíciles tienen un precio». Una declaración que hoy, tras el fallo, resuena como una vindicación personal, aunque el fondo de la acusación se traslade ahora a otra esfera.
El contexto de su ascenso al poder en 2019, que marcó el inicio de su breve gestión interina, fue un período de intensa convulsión social, activada por las protestas masivas en rechazo a las denuncias de fraude electoral en los fallidos comicios que habrían permitido a Evo Morales gobernar hasta 2025. La salida de Morales fue calificada por su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), como un «golpe de Estado», mientras que la oposición de derecha y los defensores de Áñez lo consideraron una «sucesión constitucional». Este fallo judicial no resuelve ese dilema político-histórico, solo establece la cancha legal para dirimirlo.
La determinación del Tribunal Supremo sigue una línea de jurisprudencia que ya se había marcado en otros procesos de alta sensibilidad política. De acuerdo con reportes de la agencia Swissinfo y EFE, dos tribunales departamentales ya habían anulado los procesos ordinarios contra Áñez en los casos conocidos como Senkata y Sacaba a mediados de agosto. Estos casos, relacionados con las muertes de civiles durante las operaciones militares y policiales durante su gestión, también fueron remitidos al Órgano Legislativo, ratificando el criterio de que cualquier acción penal contra ella por actos de gobierno debe transitar obligatoriamente por el fuero del juicio de responsabilidades. Esto subraya que la vía ordinaria ha quedado formalmente inhabilitada en múltiples frentes legales.
Eco de la crisis de 2019 y sus víctimas
La noticia ha generado una ola de reacciones en el país, dividiendo aguas en la habitual polarización política. Por el lado de la oposición, la decisión fue recibida con optimismo. El senador Branko Marinkovic, de la agrupación Libre y exministro de la exmandataria, celebró la resolución. Tal como consignó el diario chileno La Tercera, Marinkovic señaló que reciben «con esperanza la libertad de la expresidenta Áñez, su liberación simboliza el fin de una etapa de abuso». Este sector destaca que el fallo judicial se produce semanas después de que el MAS sufriera una derrota en las urnas, sugiriendo un posible cambio en la correlación de fuerzas políticas que podría haber influido en el clima judicial.
Sin embargo, el principio de pluralismo que guía a Under Express obliga a mirar el contrapunto. Si bien la justicia determinó el cambio de vía legal, las víctimas de los hechos ocurridos en 2019 han reaccionado con la intención de mantener viva la persecución de responsabilidades. De acuerdo con información de Infobae, representantes de organizaciones de víctimas de la crisis, como David Inca, han anunciado públicamente su intención de solicitar formalmente a la nueva mayoría parlamentaria en el Congreso la apertura de un juicio político contra Áñez por los casos más graves que recayeron sobre su administración. Esto significa que la batalla legal y moral de la expresidenta no termina con su excarcelación, sino que se transforma en una contienda política.
Esta revocatoria no es un indulto ni una declaración de inocencia, sino un tecnicismo procesal que obliga al Estado boliviano a iniciar el camino más complejo y políticamente sensible, el del juicio de responsabilidades. El proceso exige una mayoría de dos tercios en el Legislativo para ser aprobado, lo que lo convierte en un arma de doble filo: una barrera casi infranqueable para la acusación, pero también una sombra perpetua que la expresidenta deberá enfrentar en el nuevo escenario de contienda política.
Respiro judicial con olor a contienda política
La legislación boliviana reserva este tipo de juicios para los más altos cargos del Estado, como presidentes, vicepresidentes y magistrados de los altos tribunales, buscando proteger la institucionalidad y evitar que el poder judicial sea usado como herramienta de vendetta política. No obstante, la historia latinoamericana está plagada de ejemplos donde esta distinción (entre jurisdicción ordinaria y privilegiada) ha sido instrumentalizada para lo que algunos académicos denominan lawfare, o la guerra judicial con fines políticos.
La profundidad del caso Áñez radica en su reflejo de la fragilidad democrática y la persistente polarización. Un presidente (Morales) renuncia en medio de acusaciones de fraude y convulsión social, una senadora (Áñez) asume la presidencia en el vacío de poder, y luego es juzgada y encarcelada por el gobierno sucesor. El principio del debido proceso, que hoy le otorga la anulación, es la única garantía ante la alternancia del poder y el riesgo de que la justicia se convierta en una herramienta de revancha.
Con el fallo del Tribunal Supremo, la suerte de Jeanine Áñez ha pasado de los jueces ordinarios a la arena política del Congreso. Si bien la orden de libertad es inminente, el final de la historia —que determinará si sus acciones en 2019 fueron un acto de servicio a la patria o una transgresión a la ley— se escribirá en los pasillos del Legislativo, donde el poder y la política pesan más que las pruebas de un tribunal común. Es el inicio de una nueva etapa, con el mismo conflicto de fondo.
