Boric formaliza la transformación de Punta Peuco en cárcel común
El pulso entre la justicia transicional y la igualdad ante la ley en Chile ha marcado un nuevo hito. El Presidente Boric anunció este lunes la toma de razón por parte de la Contraloría General de la República del decreto que revoca el carácter de penal especial al Centro de Cumplimiento Penitenciario Punta Peuco, transformándolo en una cárcel común. La decisión, calificada por el mandatario como un “acto de justicia” y un paso hacia el fin de los “presos de primera y segunda categoría”, busca optimizar la infraestructura penitenciaria en un contexto de crisis de hacinamiento, mientras salda una deuda histórica con las víctimas de crímenes de lesa humanidad.
Ubicado en la comuna de Til Til, al norte de la Región Metropolitana, Punta Peuco ha sido -desde su inauguración en 1995- un símbolo de privilegio y controversia. Diseñado para albergar a exuniformados condenados por violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet, el recinto se distinguía por condiciones de reclusión significativamente menos rigurosas que las del sistema carcelario general en Chile. La promesa de poner fin a esta situación fue un compromiso asumido por el Presidente Boric durante su Cuenta Pública del 1 de junio de 2025, y su concreción ahora permite a Gendarmería de Chile administrar su uso bajo los mismos criterios de seguridad y necesidad estructural aplicados al resto de los penales del país. Este cambio no solo tiene una dimensión simbólica profunda, sino también una práctica: sumar nuevas plazas a un sistema penitenciario sobrecargado.
Cierre simbólico de una era de excepción
La confirmación oficial, que se espera sea formalizada con la publicación del Decreto Supremo en el Diario Oficial este martes, habilita inmediatamente a Gendarmería para iniciar la segregación y redistribución de los internos. Al integrar el recinto, ahora denominado Centro de Cumplimiento Penitenciario Tiltil (ex Punta Peuco), al sistema penitenciario ordinario, se refuerza el principio constitucional de igualdad ante la ley, un pilar fundamental de cualquier Estado de derecho. Durante décadas, diversas agrupaciones de Derechos Humanos, como la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), habían levantado la voz contra la existencia de lo que consideraban un «penal VIP». Como lo planteó en su momento la diputada Lorena Pizarro (PC) y expresidenta de la AFDD, el cierre es una «demanda histórica» y una de las «infinitas tareas pendientes» para afianzar las garantías de no repetición y avanzar hacia la justicia plena, tal como consignó la prensa en febrero de 2023. El fin de este estatus especial subraya la idea de que los crímenes de lesa humanidad no merecen ningún tipo de trato preferencial.
Las reacciones al anuncio han sido, como se esperaba, polarizadas, reflejando la persistente división en la sociedad chilena sobre cómo abordar el legado de la dictadura. Mientras que voces del oficialismo, como el senador Daniel Núñez (PC) y la diputada Carolina Tello (FA), celebraron la medida como el «fin al penal VIP» y la eliminación de «privilegios a los violadores de derechos humanos», desde la oposición surgieron críticas, muchas de ellas centradas en la oportunidad y la urgencia de la decisión. Figuras como el presidente de Renovación Nacional (RN) en su momento, José Miguel Castro, señalaron que el tema «no era prioritario para el país» en medio de una crisis de seguridad más amplia.
La advertencia de la Contraloría y el desafío de la edad
Un aspecto clave, revelado por fuentes como el medio digital Ex-Ante, es la «letra chica» en la toma de razón de Contraloría. El organismo fiscalizador, si bien dio luz verde al decreto, incluyó una advertencia crucial. Se conmina al Gobierno a considerar «la normativa vigente y los tratados internacionales ratificados por Chile, así como lo resuelto, en definitiva, por los Tribunales de Justicia, en cuanto al resguardo de la integridad física y la salud de las personas adultas mayores». Esta observación no es menor, considerando que la población penal de Punta Peuco, compuesta por más de 130 exuniformados, presenta un promedio de edad superior a los 80 años.
Esta advertencia introduce un desafío logístico y ético para el Ministerio de Justicia y Gendarmería, obligando a diferenciar el fin del trato privilegiado de la necesidad de garantizar condiciones de reclusión dignas para personas de edad avanzada. La medida abre una discusión más amplia sobre el manejo de la población penal geriátrica en todo el sistema carcelario chileno, no solo en Tiltil. El Gobierno, a través de sus voceros, ha defendido que las plazas se distribuirán «según criterios de seguridad y ya no de privilegios», pero deberá demostrar con hechos que se respetarán los tratados internacionales en materia de derechos humanos de personas mayores, un punto sensible que seguirá bajo escrutinio público y de los tribunales.
Plan de reconversión y la solución al hacinamiento
El borrador de la noticia entregado por La Moneda detallaba un plan concreto para la reconversión de Punta Peuco en un penal de régimen común, alineado con la necesidad de optimizar los recursos y combatir el hacinamiento carcelario que afecta al país. Actualmente, Gendarmería se encuentra ejecutando obras de infraestructura destinadas a adecuar el recinto para recibir a la nueva población penal.
Estas adecuaciones, cuya finalización está proyectada para febrero de 2026, consideran la habilitación de 32 nuevas plazas que se sumarán a las 112 ya existentes, elevando la capacidad total del complejo penitenciario. Además, se construirá un galpón que permitirá a las personas privadas de libertad recibir visitas en condiciones estandarizadas, idénticas a las de cualquier otro penal. La reestructuración busca maximizar el espacio disponible para reos de categoría común, aliviando la presión sobre otros centros de reclusión.
Este es un punto que el Presidente Boric ha utilizado para contrarrestar las críticas de la oposición que acusan la medida de ser meramente simbólica, argumentando que se trata de una solución práctica a la crisis carcelaria. Una vez concluidas las obras, se iniciará el proceso de traslado y redistribución de los reclusos conforme a los criterios técnicos y de seguridad definidos por Gendarmería. El cambio de nombre a Centro de Cumplimiento Penitenciario Tiltil sella de forma definitiva el fin de un enclave de excepción en la geografía de la justicia chilena,
