Asilo de Betssy Chávez desencadena ruptura de relaciones entre Perú y México
En un movimiento que redefine de forma abrupta el mapa de las tensiones políticas en América Latina, el Gobierno de Perú anunció este lunes la ruptura inmediata de sus relaciones diplomáticas con México. La decisión, calificada por Lima como el punto final a una escalada de injerencia insostenible, se precipitó tras confirmarse que la ex primera ministra peruana Betssy Chávez, investigada por su participación en el fallido golpe de Estado de 2022, ha recibido asilo en la residencia de la embajada mexicana en la capital peruana.
El ministro de Relaciones Exteriores peruano, Hugo de Zela, fue el encargado de comunicar la drástica determinación en una rueda de prensa marcada por la solemnidad. De Zela no dejó espacio para la ambigüedad, señalando que la acogida de Chávez —a quien la Fiscalía peruana solicita 25 años de prisión por el delito de rebelión y conspiración— constituye un «acto inamistoso» que trasciende la mera protección humanitaria.
Según el canciller peruano, esta acción no es un incidente aislado, sino la culminación de un patrón sistemático. El quiebre responde a la «reiterada intervención» en los asuntos internos de Perú por parte tanto del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), como de su predecesor, en una clara alusión a la postura histórica de la nación azteca que, desde la destitución de Pedro Castillo en diciembre de 2022, ha cuestionado la legitimidad de la administración de Dina Boluarte.
Doctrina Estrada bajo el microscopio de Lima
La diplomacia peruana ha puesto el acento en la naturaleza delictiva de Chávez, sosteniendo que el asilo diplomático, institución arraigada en el derecho interamericano, no puede transformarse en un «mecanismo para evadir la justicia» cuando se trata de presuntos delitos graves contra el orden constitucional. Esta posición es vital, ya que choca directamente con la tradición mexicana de protección a figuras políticas perseguidas, anclada en la centenaria Doctrina Estrada. No obstante, fuentes de la Cancillería peruana, citadas por el diario chileno La Tercera, indicaron que el caso de Chávez es distinto a las peticiones anteriores de la familia de Castillo, pues ella está «sometida a juicio» en calidad de coautora.
El trasfondo del conflicto se remonta al día en que Castillo intentó disolver el Congreso, un acto que Betssy Chávez respaldó desde su cargo como jefa de gabinete. Desde entonces, el Gobierno de López Obrador se ha erigido en el principal defensor internacional del expresidente, al que considera víctima de un golpe de Estado impulsado por las «élites económicas y políticas» peruanas, según reiteradas declaraciones del propio AMLO. Esta narrativa, divulgada a través de sus conferencias matutinas, ha sido consistentemente calificada por Lima como una intromisión intolerable.
Al confirmar la decisión de otorgar asilo a la ex premier, México reitera su compromiso con el principio de protección humanitaria, independientemente de los cargos que enfrente el solicitante en su país de origen. Un reporte de la agencia de noticias EFE confirma que la defensa de Chávez sostiene que su clienta es una «perseguida política», desestimando las acusaciones de la Fiscalía y enmarcando su situación dentro de la turbulencia institucional que ha caracterizado al Perú reciente.
Escalada anunciada y sistémica
La crisis actual no surgió de la nada, sino que es la cristalización de una tensión diplomática que lleva casi tres años gestándose. Ya en febrero de 2023, la presidenta Boluarte había ordenado el retiro definitivo de su embajador en México y, meses después, el Congreso de la República de Perú declaró a AMLO persona non grata en respuesta a sus críticas continuas y a su negativa a entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. En ese contexto, ambas naciones habían limitado sus contactos al nivel de encargados de negocios. Sin embargo, la restauración de embajadores, que se esperaba para 2025 tras algunos acercamientos técnicos, queda ahora definitivamente congelada.
Este escenario rememora y a la vez contrasta con otros episodios históricos del asilo en el continente. El caso más notorio fue el del líder aprista Víctor Raúl Haya de la Torre, quien pasó más de cinco años refugiado en la embajada de Colombia en Lima a fines de los años 40, desencadenando una disputa legal que escaló hasta la Corte Internacional de Justicia (CIJ), un precedente que subraya la complejidad legal del asilo diplomático en la región. Analistas de derecho internacional, como el profesor Germán R. Cisneros, destacan en su publicación Derecho de Asilo y No Intervención que las convenciones de asilo interamericanas siempre han sido objeto de interpretaciones divergentes, especialmente en la calificación del delito (político vs. común).
No obstante la magnitud de la ruptura, el canciller De Zela aclaró que la medida no implica un cierre total de la interacción bilateral, pues las relaciones consulares se mantendrán operativas. Este matiz busca mitigar el impacto en la comunidad peruana residente en México y en los flujos turísticos y comerciales que, a pesar de la pugna política, se habían mantenido inalterables, según reportes del diario mexicano Milenio.
La sombra del conflicto regional
El rompimiento diplomático entre Lima y Ciudad de México agrega una nueva capa de inestabilidad a las relaciones regionales, aún frescas por el reciente y violento incidente entre Ecuador y México. A diferencia del caso de Quito, donde la policía irrumpió en la embajada mexicana para capturar al exvicepresidente Jorge Glas, el Gobierno de Perú ha descartado categóricamente cualquier acción similar. Fuentes peruanas enfatizaron a la prensa que no se planea «emular» la violación de la sede diplomática, respetando la inviolabilidad consagrada en la Convención de Viena.
La decisión peruana eleva el costo político para México por su continua defensa del izquierdista Pedro Castillo y su entorno, reafirmando una tendencia de alta polarización ideológica en la región. Para Under Express, esta fractura no es solo una noticia de «actualidad», sino un prisma a través del cual observar cómo los principios de no intervención y autodeterminación se estiran y quiebran en el tablero geopolítico latinoamericano, donde las lealtades ideológicas continúan pesando más que la estabilidad institucional.
La región observa con cautela cómo se desarrollarán los próximos capítulos de esta disputa, que pone a prueba la resiliencia de los mecanismos de diálogo y la noble, pero cuestionada, tradición del asilo diplomático continental. La pelota, ahora, queda en el campo de los organismos multilaterales, llamados a intervenir en esta inédita crisis bilateral.
