«Los Waykis en la Sombra»: la red que hunde al gobierno de Dina Boluarte en Perú
La política peruana parece atrapada en un laberinto sin salida, una espiral descendente donde cada nueva revelación de corrupción no hace más que profundizar las grietas de una institucionalidad ya frágil. Lejos de encontrar un respiro tras años de convulsión, el país se hunde en una nueva crisis de legitimidad que apunta directamente al círculo más íntimo del poder. La reciente apertura de una investigación fiscal por presunta organización criminal y tráfico de influencias contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, y otros altos funcionarios, no es solo un escándalo más; es la confirmación de que la sombra de la corrupción sistémica sigue planeando sobre el Palacio de Gobierno, amenazando con devorar lo que queda de la confianza ciudadana.
El epicentro de este nuevo terremoto político es la operación «Los Waykis en la Sombra», un caso que investiga la presunta creación de una red criminal enquistada en el Estado para la designación de prefectos y subprefectos a cambio de beneficios económicos y políticos. Estos nombramientos, según la tesis fiscal, tenían como objetivo facilitar la recolección de firmas para la inscripción del partido político «Ciudadanos por el Perú», un proyecto personal de Nicanor Boluarte. La investigación, que involucra también al abogado de la presidenta, Mateo Castañeda, y a varios funcionarios, sugiere un uso patrimonialista del poder, donde los recursos y la estructura del Estado se habrían puesto al servicio de intereses particulares.
La situación se torna aún más grave por la reacción del gobierno. Pocas horas antes de la detención de su hermano y de los otros implicados, la administración de Dina Boluarte oficializó la disolución del equipo especial de la Policía Nacional que brindaba apoyo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), la misma unidad que lideraba esta investigación. Para observadores y la oposición, esta maniobra no fue una coincidencia, sino un acto deliberado de obstrucción a la justicia, diseñado para desmantelar las herramientas de fiscalización y garantizar la impunidad. Es una jugada que, en lugar de aclarar las dudas, las multiplica, proyectando la imagen de un gobierno acorralado y dispuesto a socavar las instituciones para protegerse.
Una democracia bajo asedio institucional
Este episodio se inscribe en un patrón de deterioro democrático que ha sido advertido por diversas organizaciones internacionales. La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) ha señalado en varios análisis que la inestabilidad en Perú se caracteriza por el enfrentamiento constante entre el Ejecutivo y el Legislativo, y por el debilitamiento progresivo de los órganos de control. El desmantelamiento del equipo policial de apoyo a Eficcop es visto como un ejemplo claro de esta tendencia, donde las élites políticas, independientemente de su color, buscan neutralizar cualquier mecanismo que pueda investigarlas. Este fenómeno no solo afecta la lucha contra la corrupción, sino que erosiona el Estado de derecho en su totalidad.
La propia presidenta Dina Boluarte ya se encontraba en una posición de extrema debilidad antes de que estallara este nuevo escándalo. La investigación en su contra por enriquecimiento ilícito, conocida como el «caso Rolex», por no haber declarado relojes de lujo y joyas valoradas en miles de dólares, ya había minado su credibilidad. Según Transparencia Internacional, la falta de explicaciones claras y la percepción de que las más altas autoridades no rinden cuentas ante la ley son un combustible perfecto para la desconfianza ciudadana y la apatía política. La suma de estos escándalos crea una tormenta perfecta que deja al país sin un liderazgo claro y con instituciones cada vez más cuestionadas.
El Congreso de la República, lejos de actuar como un contrapeso, es parte del problema. Con una desaprobación ciudadana que supera el 90% en la mayoría de las encuestas, el parlamento ha estado más enfocado en su propia agenda de contrarreformas —que incluyen ataques a la independencia judicial y al sistema electoral— que en ejercer un control político efectivo. Esta parálisis y complicidad entre poderes del Estado genera un vacío que es llenado por la incertidumbre, el descontento social y la sensación generalizada de que la clase política gobierna de espaldas a las necesidades de la población.
El riesgo del autoritarismo y el futuro incierto
La crisis actual no es solo un asunto de corrupción, sino una profunda crisis de representación que amenaza las bases mismas del sistema democrático peruano. Cuando las instituciones encargadas de investigar el poder son desarticuladas desde el propio poder, se cruza una línea roja peligrosa. Human Rights Watch ha alertado sobre el creciente riesgo de un retroceso autoritario en la región, y los eventos en Perú parecen confirmar este diagnóstico. La concentración de poder, la falta de transparencia y el ataque a los organismos de control son síntomas clásicos de una democracia en peligro.
La respuesta de la sociedad civil y de la ciudadanía será crucial en los próximos meses. Sin embargo, el desgaste es evidente. Tras años de crisis sucesivas, que han visto desfilar a seis presidentes en menos de una década, existe una fatiga cívica que podría derivar en una peligrosa indiferencia o, en el extremo opuesto, en nuevas olas de protesta social. La pregunta que flota en el aire no es solo si la presidenta Boluarte podrá terminar su mandato, sino si la democracia peruana podrá sobrevivir a este ciclo de autodestrucción.
Lo que está en juego en Perú trasciende sus fronteras. Es un caso de estudio sobre la fragilidad de las democracias en América Latina cuando son capturadas por redes de corrupción y por élites políticas que priorizan su supervivencia por encima del bien común. Sin una reforma profunda del sistema político y un compromiso real con la justicia y la transparencia, el país andino corre el riesgo de convertirse en un Estado fallido, un laberinto del cual será cada vez más difícil escapar.
